Para el INDH no hay amparo, sino “una apelación encubierta al procesamiento”

Como “una acción entablada que no corresponde a un amparo, sino a un verdadero recurso de apelación en contra del auto de procesamiento”, calificó lo interpuesto por la defensa del sacerdote Bernardo Bastres la abogada representante del Instituto de Derechos Humanos, Laura Matus Ortega, durante su intervención en los alegatos efectuados en la segunda sala de la Corte Suprema.

Explicó que el amparo consistió en una acción que busca garantizar y proteger el derecho a la seguridad personal cuando ésta se ha visto afectada por acción u omisión ilegal y arbitraria que cause privación, amenaza o perturbación a tales derechos. No obstante, dijo que en este caso “no se está cuestionando una acción u omisión ilegal, sino las calificaciones del delito, los elementos normativos del encubrimiento, la modalidad, las diferencias entre sustracción y desaparición, y entre otros argumentos que tienen que ver con discusión de los fundamentos del auto procesamiento”. 

Laura Matus dijo que de ninguna manera el auto dictado por la ministra Marta Jimena Pinto es ilegal y/o arbitrario, ya que cumple con los requisitos del Código de Procedimiento Penal y se enmarca dentro del proceso válidamente tramitado “y suficientemente fundados por una autoridad competente y dentro de sus facultades legales”.

La abogada sostuvo que las presunciones están establecidas a lo largo de todo el auto de procesamiento y vinculan a los sacerdotes Bastres y Santibáñez con el actuar del fallecido Rimsky Rojas, sospechoso de la sustracción de Ricardo Harex. Además, argumentó que “diversas evidencias dan cuenta del conocimiento que tenían los imputados de las denuncias por abusos sexuales en contra del sacerdote Rojas” y que “existen pruebas que los vinculan con la desaparición de antecedentes importantes para la investigación de los hechos que motivan la causa investigada por la ministra en visita”.

Añadió que la acción de amparo no hace más que intentar modificar el auto de procesamiento, “por lo que como Instituto de Derechos Humanos creemos que es una apelación encubierta”, enfatizó.