Necrológicas
Javiera Morales dice que deuda con la infancia sigue pendiente

Diputada revela graves denuncias tras cierre de residencia juvenil

Viernes 11 de Noviembre del 2022

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Dice que parte de los menores que estaban en el recinto de Miraflores perdió todo vínculo con su entorno al ser enviados a Puerto Natales.

Su preocupación por lo que considera “una deuda con la infancia” manifestó la diputada Javiera Morales, quien asumió como propia la responsabilidad de buscar una alternativa para el mejoramiento de los programas en favor de los derechos, protección y reinserción de niños y jóvenes vulnerables.

En su análisis, la parlamentaria advirtió que tras el cierre en marzo de la Residencia de Vida Familiar para adolescentes se ha producido una serie de inconvenientes, que aseguró tienen que ver con las condiciones que se entregaron como alternativas para la continuación de este programa de atención.

En tal sentido, recordó que el problema con este recinto fue uno de los primeros temas que le tocó abordar dentro de su labor parlamentaria. La decisión de cierre por parte de las autoridades locales terminó con la mayoría de los jóvenes en la Residencia Familiar de Adolescencia Temprana que se ubica en calle Kuzma Slavic y que está destinada a niños de 9 a 13 años, “lo que ya es un problema porque las condiciones no estaban dadas para la recepción de jóvenes mayores. Otros fueron enviados a Puerto Natales, perdiendo todo vínculo con su entorno”.

Y no sólo eso, la diputada señaló que hoy existen reportes policiales de situaciones de mucha complejidad que se han registrado al interior de la residencia ubicada en la capital de Ultima Esperanza y que han afectado directamente a la administración del establecimiento.

Por tal razón, enfatiza, es que ha venido golpeando puertas para intentar “pagar esa deuda que tenemos con nuestros niños y adolescentes”. Detalló que en eso se ha encontrado con el liderazgo de la delegada presidencial Luz Bermúdez y del seremi de Desarrollo Social, Danilo Mimica, “con quienes tenemos el compromiso de solucionar este problema en el menor plazo posible”.

La residencia familiar de Miraflores, que atendía a jóvenes de entre 14 y 17 años, cerró sus puertas por no contar con presupuesto para implementar un sistema de tratamiento en salud mental, lo que llevó a que el Juzgado de Familia dispusiera el traslado de los adolescentes hasta el dispositivo dispuesto para niños, encontrándose con un establecimiento al tope en el límite de usuarios.

El cierre registrado en marzo se produjo dos meses después que una funcionaria fue quemada con agua hirviendo por un grupo de adolescentes, lo que reafirmó la necesidad de otorgar de manera urgente a los adolescentes vulnerables un programa con enfoque en salud mental. Sin embargo, hasta hoy el problema sigue siendo el mismo: la falta de recursos.

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