Alrededor de $2 mil millones requiere el municipio para ejecutar 10 demoliciones

Alrededor de $2 mil millones necesitaría el municipio para llevar adelante la intervención de 10 construcciones de Punta Arenas por las cuales existe orden de demolición.

Lo anterior tiene que ver con la carpeta que da cuenta de priorizaciones, dado que otro número que eleva a una veintena corresponde a obras menores, que se mantienen abandonadas, con cierres perimetrales o con menor riesgo de accidentes.

El tema surge a raíz de lo ocurrido el pasado viernes luego que quedara al descubierto un drama social en el sector sur de Punta Arenas, donde en la parte posterior de un inmueble la propietaria levantara 10 piezas independientes. Un operativo del municipio permitió conocer de los problemas de hacinamiento y, muy en especial, sanitarios que enfrentan los cerca de 20 arrendatarios. 

Pero también, el caso tiene el agregado dado a conocer por el alcalde Claudio Radonich: “No sólo son construcciones irregulares sino que hace tiempo que este inmueble tiene orden de demolición”.

Sobre el por qué esto no se ha ejecutado, se explica que todo trabajo en este sentido representa un costo importante y que debe ser asumido por el propietario. Al no ocurrir esto, si bien el municipio tiene la facultad para actuar por cuenta propia y proceder a la demolición, esto conlleva a un proceso de gasto que debe ser asumido por la entidad (contratación y pago), aún cuando posteriormente el costo sea traspasado al propietario para que responda ante el municipio.

Son más de 10

El caso del inmueble ubicado en el sector Río de la Mano es uno de una larga lista de situaciones por las cuales existe un decreto que ordena la demolición.

Obras que se ejecutan fuera de la línea de cierro o en bienes de uso público, sin la autorización correspondiente; que no ofrezcan las debidas garantías de salubridad y seguridad, o que amenacen ruina; obras que no se hubieren demolido al vencimiento de los plazos estipulados; son tres las causales esgrimidas por la ley que faculta a los municipios a intervenir.

Dentro de éstos, la carpeta municipal contiene a lo menos 10 construcciones de mayor envergadura, con otro buen número de intervenciones menores, como es el caso del inmueble del sector sur.

Los antecedentes indican que la construcción más emblemática es la del ex hospital. También es la más significativa en cuanto a costo. De acuerdo con las estimaciones del municipio una eventual demolición sería cercana a los $800 millones.

En este caso existe un decreto del año 2019 que ordena la demolición de la estructura, a excepción de la torre de cinco pisos que fue anexada en 1982. El documento otorgó un plazo de 180 días para la ejecución, apuntando a los riesgos que existen por la posibilidad de desprendimiento estructural y por al aspecto sanitario.

Otra situación da cuenta del otrora edificio de Salud que se ubica en calle José Menéndez con Chiloé y que fue destruido por un incendio en marzo de 2018. Producto del siniestro la construcción experimentó daños totales y desde esa fecha permanece en estado de abandono.

Durante años el edificio fue espacio de diversas prestaciones del Servicio de Salud, y hasta el momento del incendio era utilizado como bodega. Se estima que una demolición tendría un costo no menor a los $400 millones.

Otra estructura en la carpeta municipal se encuentra en la esquina nororiente de las avenidas España e Independencia, la que corresponde a un terreno particular.

En este último caso opera el mismo procedimiento. Ordenado el decreto tras los argumentos de abandono del sitio, el municipio puede proceder a la demolición y traspasar los costos al propietario. Aquello tampoco ha sucedido.