“Los que realmente vamos a decidir qué Constitución queremos somos los consejeros”

A la espera que el Servel ratifique los nombres, el 18 de febrero, los precandidatos a consejeros para el nuevo proceso constituyente ya están en sus marcas para poder iniciar la carrera hacia, esperan, una nueva carta magna para el país, después del proyecto que fue rechazado el año pasado. El desafío ahora es elaborar uno que no corra la misma suerte, por lo que desde el mundo político se tomaron las garantías necesarias para que ello no ocurra.

De los nombres que se inscribieron hasta el 6 de febrero, algunos son conocidos, otros han estado en otras listas, pero también asoman otros que decidieron atreverse a participar de esta misión. Uno de estos últimos es Carlos Ariel Mihovilovic Bonardi, abogado de 41 años, egresado del Colegio Alemán y titulado en la Pontificia Universidad Católica, desde donde egresó en 2005, para posteriormente tener una pasantía en Harvard en 2010 y desempeñarse, hasta 2011, como abogado en Nueva York. Casado con Natalia Serón y padre de tres hijos, de 15, 9 y 6 años, es precandidato Independiente por cupo Evópoli, al igual que la ex seremi de Bienes Nacionales, Francisca Rojas.

“Si bien nunca he tenido una historia de militancia política, sí tengo un interés por los temas de la sociedad chilena, y el primer proceso lo seguí con bastante interés desde mi experiencia como profesional y docente; habiendo estudiado cuatro Constituciones diferentes en mi vida: la de Chile, tuve un intercambio en España un semestre justo cuando estaba el proceso de aprobación de la Constitución en Europa; en Estados Unidos, cuando hice el examen de la barra, para ser abogado en Nueva York, uno tiene que rendir examen sobre derecho federado y la local de Nueva York”, especificó, por lo que estima que puede ser un buen aporte en este proceso, ya que en el anterior, había integrado una lista corta de candidatos de Evópoli.

Finalmente, fue Rodrigo Alvarez quien asumió esta misión, alguien con quien Mihovilovic tiene especial afinidad -“fue una de mis cartas de recomendación para estudiar afuera”- por lo que siguió todo su trabajo en la anterior Convención, al punto que el mismo Alvarez lo estimuló a ser candidato.

Una decisión tampoco fácil. “Debo dejar el estudio en que he estado en los últimos 15 años, dejo de ser socio de Claro Compañía y la idea es regresar, porque soy independiente, técnico y también voy a dejar las clases; lo más difícil será que estaré lejos de mi señora y mis niños por todo este periodo de campaña y todo esto que queda de lado es porque veo una oportunidad muy buena para que, desde Magallanes, tengamos una buena Constitución para Chile”.

Ahora lo que otrora se llamaba Chile Vamos pasó a denominarse Chile Seguro, porque -como apunta Mihovilovic- “la seguridad es uno de los temas que hay que abordar en la Constitución, tanto en la casa como en el bolsillo, las pensiones”. Siente que no haber participado nunca en una elección, le da una desventaja en términos de formar equipos y elaborar campaña. “Eso es algo que los políticos saben hacer muy bien. Lo que sí considero que es una ventaja para este proceso puntual es mi historia y experiencia profesional y de vida, en que, para un proceso más acotado y bastante diferente al anterior, donde no está la famosa ‘hoja en blanco’, sino que habrá un grupo de expertos que trabajará un texto que quienes resulten electos, van a tener que revisar el 7 de mayo. En ese sentido, esto no debiese consistir tanto en ponerse a inventar la rueda, sino que un texto base sobre el cual trabajar. En el comité de expertos hay gente muy buena, de todas las tendencias políticas y eso es muy positivo, porque no queremos tener otro fracaso”.

Mihovilovic lamenta que por estos más de dos años “se hayan gastado tantos recursos públicos que pudieran haber ido a salud, vivienda y educación, que al final del día nos farreamos, porque la gente vio una propuesta de Constitución muy deficiente y que no llegó a ningún puerto”.

Pero justamente, este proceso hecho desde el Congreso no ha estado exento de críticas, sobre todo por la apropiación política de una discusión que, desde el estallido social, se ha exigido que no tengan un rol protagónico, pero que supieron revitalizarse a partir del triunfo del Rechazo. “Yo sé que la gente pueda desconfiar y está muy bien que así sea, si al final del día, nuestro sistema político está en una crisis súper larga. Probablemente, mucha gente no va a revisar en detalle toda esta arquitectura compleja que implica este segundo proceso que tiene al comité de expertos, que hacen una propuesta que lo lógico es que recoja la tradición súper importante de Chile en múltiples Constituciones durante su vida republicana, pero obviamente, la van a actualizar en una Constitución del siglo XXI, pero eso es solamente el punto de partida, porque los que realmente vamos a decidir qué Constitución queremos, somos los consejeros”.

De la propuesta rechazada criticó aspectos que la consagraban, como “la plurinacionalidad, los distintos sistemas de justicia, ciudadanos de primera y segunda categoría y una serie de problemas que, en este proceso, espero que no se den. Y con un grupo más acotado de representantes, yo entiendo mucho y empatizo con la desconfianza, pero el proceso en general está diseñado para darnos un producto que realmente sirva”.

En todo caso, estima que se puede mejorar la Constitución actual y por eso llama a la gente a que se informe para esta campaña corta y que se pueda construir un proyecto para todos.

Otra crítica que se hace a este proceso es que será una élite la que la redactará, y que se dejará fuera la transversalidad de visiones que sí tenía la anterior. Al respecto, Mihovilovic solamente apunta que “la gente está cansada de tanto estar con la Constitución para arriba y para abajo. Al final del día, todos tenemos que trabajar y pagar las cuentas. Y para ello, requiere de ciertas certezas básicas y eso parte, legalmente, de una Constitución”. 

Sin embargo, advierte que, salvo el Partido Republicano y el Partido de la Gente, “que no creen en este proceso”, todo el resto del aspecto político, desde la Udi hasta el Partido Comunista, “estuvieron de acuerdo en este diseño, que lo veo como una reacción al fracaso del anterior”.

Esa variedad de visiones y de gente que, a su juicio, no tenía los conocimientos técnicos para redactar una Constitución llevó a tener demasiados artículos. “Una Constitución tiene que definir las bases fundamentales de cómo se organiza el Estado, entregar un catálogo de derechos ciudadanos y generar un sistema efectivo y eficiente de separación de poderes, lo que para los gringos se traduce en los checks and balances. Desde mi punto de vista, una Constitución no debiera tener más de cien artículos y llegamos a tener una que en su primer proyecto iba a ser una de las más extensas del mundo con más de 500 y terminaron armonizándolo en 400, pero la Constitución no es un Código Civil”.

Consultado sobre lo que rescata de la propuesta rechazada, Carlos Ariel Mihovilovic sólo subraya la alta participación ciudadana, ordenado, “donde se pasó de la protesta en la calle a una deliberación, más o menos tranquila, pero democrática. Ahora, los temas que se pueden criticar al texto, son muchos. Algo que me chocaba demasiado era tener ciudadanos de distintas categorías. Estoy pensando en la plurinacionalidad, que no es la única respuesta al reconocimiento de los pueblos originarios y, derivado de ello, se pasaba a los sistemas de justicia, con once sistemas legales conviviendo en paralelo. Como abogado que cree en la igualdad ante la ley y la independencia de los tribunales, eso era una estocada mortal a las bases de una convivencia democrática. Ahora, uno puede sumarle a la lista una serie de cuestiones… si bien creo que los intereses que se querían proteger son dignos, como el cuidado del medio ambiente, no pasa necesariamente por hacer que los árboles y animales sean objetos de derechos igual que las personas. Pero si bien uno puede balancear ciertos intereses, la fórmula no fue la correcta y para qué vamos a hablar de los problemas de descentralización, donde gran parte del poder estaba concentrado en el Congreso, con muchas más atribuciones y donde la elección de sus representantes estaba determinada por cantidad de habitantes”. 

Lo único positivo que encontró en el texto rechazado fue “que se habla de este Estado social y democrático de derecho, que busca reconocer un rol del Estado de garantizar los derechos de las personas, y eso no está tan evidente en la Constitución actual y para los efectos de la gente, es algo sobre lo cual vale la pena construir, pero sin demagogia”, finalizó.