Ex jefe de contabilidad demandó en casi mil millones de pesos a la Cormupa

• La querella criminal que el alcalde Claudio Radonich presentó en su contra no prosperó,
  porque no existieron hechos para el inicio del procedimiento. “No siendo aquello suficiente
  para borrar los efectos que ha tenido todo este proceso en mi propia imagen pública y ni para
  subsanar el daño producido a mi persona y la de mi familia”, expresa en la demanda.

Una “demanda de indemnización de perjuicios en contra de la Corporación Municipal de Punta Arenas”, presentó el ex jefe de contabilidad de la Dirección de Finanzas de este organismo, Juan Mariano Vargas, quien prestó funciones profesionales desde abril de 1990, hasta el 26 de marzo de 2019, cuando fue despedido por el alcalde Claudio Radonich.

En septiembre de 2017, asumió como jefe de Contabilidad de la Dirección de Finanzas de la Corporación Municipal de Punta Arenas, de manera indefinida, ocasión en que se le advirtió verbal y extraoficialmente sobre la situación financiera y de que la contabilidad estaba atrasada en, al menos, ocho meses.

El demandante sostiene: “Existía conocimiento de muchas de las gestiones que realizábamos y responsabilidad directa de muchos otros agentes de la Corporación en los hechos que finalmente se me recriminan exclusivamente a mí, materializados en la querella presentada por el representante de la Corporación. Sólo me asiste la sospecha de que se intentaba tapar deficiencias y negligencias de otras áreas y de otros agentes,
apuntándome a mí”.

Querella 

El 26 de marzo de 2019 se entera de lo que califica “temeraria querella” que el alcalde Claudio Radonich presentó en su contra.

Los motivos de la querella resultaron ser “un hecho muy desconcertante y humillante para mí, por la forma en que se me estaba notificando, en mi despacho y sin previo aviso. Además, generando aún mayor agravio, fue la circunstancia de que se apuntaba contra dos funcionarios, mi hija y yo, quien trabajaba en el Departamento de Contabilidad desde enero de 2018, pero que tampoco tendría relación alguna con los hechos que se exponían públicamente en nuestra contra, pues ella no tenía relación alguna con los temas tributarios de la Corporación”.

La hija, encontrándose con licencia médica, fue despedida, lo que atribuye a “una evidente represalia por parte del alcalde”. 

Fue despojado de la oficina que tenía y, sin realmente ejercer funciones, pues otra funcionaria realizaba las tareas administrativas que le correspondían por el nuevo puesto.

“Aquello, por supuesto, es denigrante y atentatorio contra mi persona en mi imagen respecto a mis pares y creando un daño permanente por la humillación. Así tuve la necesidad de emitir correos electrónicos solicitando mobiliario para poder ejercer mis funciones con un mínimo de dignidad, acompañando imágenes sobre mi puesto vacío, sin ni siquiera una silla o escritorio”. 

Posteriormente, con fecha 25 de noviembre de 2019, se le notificó una carta de despido indicando el cese de funciones por “necesidades de la empresa”.

No persevera la querella

Con fecha 21 de enero de 2022 el Ministerio Público decidió no perseverar con la querella, “por no haberse reunido los antecedentes suficientes para fundar una acusación”.

Esto pone fin a “una persecución mediática mediante una audiencia vía zoom, que dejó horribles consecuencias personales en el plano familiar, laboral, en mi imagen pública y en mi salud”.

Demanda

En la demanda, Juan Vargas Quilahuilque busca el pago de una indemnización por daños de $374.553.847; más el pago de una indemnización por daño moral de $500.000.000.

Y para su hija, Denis Vargas Aguilar, pide una indemnización por daño moral de $100.000.000.

Vejatoria

Desde que lo despidieron en la Corporación Municipal de Punta Arenas, vivió situaciones humillantes, vejatorias, y “desde que se planteó la duda sobre mi integridad profesional, no volví a trabajar en ningún otro sitio como contador”.

El proceso laboral llevado en contra de la Corporación tuvo finalmente sentencia condenatoria, “por tenerse por acreditados múltiples vulneraciones de derechos fundamentales con ocasión del despido”.

“El alcalde de Punta Arenas Claudio Radonich en su calidad de representante de la Corporación Municipal de Punta Arenas de manera exaltada, irresponsable y apresurada se dedicó a vociferar y someterme al escrutinio público, apuntándome en cuanto medio pudo de ser responsable de un grave delito de fraude al fisco cometido nada más y nada menos que en contra de la Corporación Municipal de Punta Arenas”.

Y la querella finalmente no prosperó “porque ni siquiera se inició un trámite posterior acusatorio pues el Ministerio Público decidió no perseverar en la investigación por carecer de antecedentes suficientes”.

Es decir, no existieron hechos para el solo inicio del procedimiento criminal, “no siendo aquello suficiente para borrar los efectos que ha tenido todo este proceso en mi propia imagen pública y ni para subsanar el daño producido a mi persona y la de mi familia”.