Ex convencional Margarita Vargas: “Actual proceso constitucional cercena a los pueblos indígenas”

La representante kawésqar dijo: “No podemos seguir aceptando que haya personas sin ningún vínculo con el mundo indígena ni pertinentes a los territorios tomando decisiones por nosotros”.

Como “un retroceso que sigue la lógica que llevó al quiebre social de 2019” y de claro perjuicio para los pueblos indígenas, calificó la ex constituyente Margarita Vargas el proceso de nueva Constitución que se desarrolla en el país.

La dirigenta kawésqar, quien actualmente participa del Foro Permanente de las Naciones Unidas, fue enfática en señalar que “el hecho de que hoy exista un comité de expertos elaborando propuestas de normas sin la participación de los pueblos indígenas es muestra clara que se quieren denegar todos los derechos consagrados en tratados internacionales, como el 169 que habla de una consulta previa, libre e informada”.

Agregó que, al observar cómo se han ido dando las cosas tras el fallido proceso de septiembre del año pasado, se debe concluir que “se están invisibilizando las demandas y cercenando a los pueblos indígenas preexistentes”.

La ex coordinadora de la Convencional Constitucional de la comisión Indígena y de Plurinacionalidad dijo rotunda: “No podemos seguir aceptando el que haya personas sin ningún vínculo con el mundo indígena ni pertinentes a los territorios tomando decisiones por nosotros. No podemos seguir aceptando que tomen decisiones sin la participación nuestra, porque así no se va a construir una sociedad justa, equitativa y de integración social”.

Para la dirigenta, este nuevo proceso es un retroceso general, pero muy en especial para pueblos como el que representa, el kawésqar, “que es minoría frente a otros pueblos, porque no tenemos el total de población que establecen los aspectos legislativos. Eso nos dejó en condiciones de vulnerabilidad frente a decisiones que se toman en el país. Y si bien somos un pueblo pequeño, tememos una preexistencia de más de 6 mil años y eso se debe considerar como elemento importante de conocimiento ancestral del territorio de Magallanes”.

Consulta indígena

Margarita Vargas expone que la Ley 21.533 de reforma constitucional crea el Consejo para la elaboración de una nueva Constitución como consecuencia del resultado negativo del plebiscito de salida de septiembre de 2022 sobre el borrador de la previa Convención Constitucional, de la cual la representante kawésqar fue parte.

“La mencionada ley contempla, en el art. 154, 12 bases institucionales que necesariamente serán parte de la nueva propuesta. El numeral 4 del citado artículo es el único que hace referencia a los derechos de los pueblos indígenas, con el siguiente tenor: “4. La Constitución reconoce a los pueblos indígenas como parte de la nación chilena, que es una e indivisible. El Estado respetará y promoverá sus derechos y culturas.” Si bien cabe reconocer que la inclusión de la terminología “pueblos indígenas” es precisa, y se ajusta al estándar del derecho internacional, superando la usada previamente de “pueblos originarios” que podía inducir a error. El reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas no es algo que se pudiera obviar por el Consejo Constitucional de acuerdo a esta norma”.

Sin embargo, la ex constituyente agrega que la reforma constitucional no resuelve lo relativo a si la propuesta de borrador de Constitución que se someterá a plebiscito el 17 de diciembre de 2023 será sometida previamente a consulta indígena, de acuerdo con el Convenio Nº 169 de la OIT. “Y eso, de hecho, ha sido rechazado de plano por la comisión experta”, enfatiza, para añadir luego que además los tiempos son muy estrecho y que la representación indígena es mínima (sólo dos candidatos).

“La consulta indígena que llevó a cabo la Convención Constitucional el año pasado no estuvo libre de críticas, ya que, por el acotado presupuesto y poco tiempo, fue una consulta muy simplificada. De todas maneras, los datos que se lograron extraer fueron de gran valor, y se informaron a todas las comisiones a través de informes, haciéndoles presente qué temáticas estaban pendientes por abordar y cuáles ya se habían incluido debidamente”.

Margarita Vargas sostuvo que por ésta y otras razones el proceso actual debió ser sometido a un plebiscito de entrada como el anterior, “que permitiera a la ciudadanía aprobar este nuevo órgano y que no se hubiera bastado sólo con el acuerdo de los partidos, sino que además hubiera incorporado la necesidad de una consulta indígena. La normativa internacional ratificada por Chile es ley vigente, y eso pareciese que se olvidó”.