Explotación infantil en Magallanes

Parecería algo erradicado o no existente en una comunidad tan pequeña como puede ser la magallánica, cuya población total puede estar contenida en una de las comunas pequeñas que conforman la Región Metropolitana.

Sin embargo, la explotación sexual infantil es una realidad, un delito y un verdadero drama social que habla pésimo de nuestra región y que ahora, lamentablemente, tiene al internet y el desarrollo de redes sociales como uno de los canales que explica el incremento de víctimas.

El reciente análisis realizado y difundido por el Centro de Acogida ONG Raíces permite dimensionar en parte la magnitud del problema, en el que aparecen involucrados niños y niñas menores de 8 a 13 años.

Mayoritariamente, las víctimas son menores y adolescentes en condición de vulnerabilidad, con hogares que presentan problemas de constitución y en donde los afectados, en vez de tener referentes cariñosos y morales, sufren por la negligencia de sus padres, el maltrato físico y emocional y también son objeto de abusos.

Se ha constatado que, junto con dicho factor de inestabilidad familiar, muchas de las víctimas corresponden a niños, niñas y adolescentes que presentan diferentes adicciones, principalmente drogas, además de un grupo que padece enfermedades ligadas a la salud mental, lo cual los hace más vulnerables a ser violentados sexualmente.  

Un antecedente importante del estudio del referido centro es el perfil de los explotadores: en su mayoría adultos, varones, de 19 a 56 años, que inician sus ataques “en línea” o a través de pseudo relaciones con sus víctimas, luego de lo cual comienza la explotación sexual. Desde 2020 a la fecha se han concretado 156 denuncias y sólo este año ya se han ingresado 16.

Durante este año, la ONG Raíces ha atendido a 44 víctimas de explotación sexual infantil. Punta Arenas concentra el 82% de los casos y la mayoría de las situaciones afecta a niñas y adolescentes. 

Es importante que haya continuidad y seguimiento de este estudio y que la información recabada permita no sólo ampliar y hacer más efectiva la atención que se presta a las víctimas, sino realizar un trabajo conjunto con la comunidad magallánica y las instituciones ligadas a este problema para prevenir y sancionar a quienes abusan de nuestros niños, niñas y adolescentes.

En este esfuerzo mancomunado, la educación es relevante como la mejor forma de prevenir que los menores sean engañados y abusados. Pero, también se requiere reforzar el trabajo investigativo de las policías, en lo cual la labor de las unidades de cibercrimen resulta esencial.