Informe revela efectos de la dictadura en Enap y la industria energética

Importantes antecedentes respecto de la Empresa Nacional del Petróleo contiene la investigación “Efectos del Golpe de Estado de 1973 y dictadura, sobre el sector energía”.

Se trata de un trabajo encomendado por el Ministerio de Energía a la Universidad de Santiago en el contexto de la conmemoración de los 50 años del Golpe, y las actividades de la Comisión Asesora Presidencial Interministerial.

El estudio se encomendó durante 2022 a la Universidad de Santiago de Chile, a través de su Departamento de Historia con el objetivo de recopilar antecedentes sobre los efectos del golpe en personas pertenecientes al sector energía. “Este informe busca hacerse cargo de esa idea de volver a poner en el centro la historia de las personas que tuvieron momentos trágicos durante el Golpe de Estado y los meses posteriores. En esta industria, que siempre trata de contarse a sí misma la historia que es simplemente a través de fierros, este documento coloca a las personas al centro. Las personas y sus historias que a veces son alegres y a veces son trágicas, pero hay que contarlas igual”, señaló el ministro de Energía, Diego Pardow.

El documento, entrega información respecto de personas vinculadas al sector energético, cuyos derechos humanos fueron vulnerados durante el Golpe de Estado y/o la dictadura cívico militar, y respecto de aquellas personas naturales y/o jurídicas que hayan tenido un rol asociado a la defensa de tales derechos en este mismo marco.

Asímismo, entrega detalles de centros de detención, sitios de memoria y memoriales que vinculados al sector energía y la violación de los Derechos Humanos en el sector.

A partir de 1973

En el caso de la Empresa Nacional del Petróleo se señala que el panorama hacia 1973 era el siguiente: en el sector carbón y petróleo las principales compañías estuvieron conformadas por la red estatal asociada a la Empresa Nacional del Petróleo (Enap) y a la Empresa Nacional del Carbón (Enacar); a su vez, el sector hidroeléctrico fue cubierto por la Empresa Nacional de Electricidad (Endesa) y la Compañía Chilena de Electricidad (Chilectra), las cuales se repartieron la generación y distribución de la electricidad del sector público en torno al 62% y 38% respectivamente. Estas últimas convivieron con una multiplicidad de pequeñas centrales térmicas de diésel de autoabastecimiento para diferentes empresas privadas. Por su parte, la principal empresa de distribución del, todavía incipiente, mercado del gas licuado era la Compañía de Consumidores de Gas de Santiago (Gasco). Como es de público conocimiento, estas distintas compañías eran de propiedad pública y filiales de la Corfo hacia antes del golpe de Estado.

Posterior a ello, se produjo una liberalización del mercado asociado a los precios de los productos de energía, en especial en el sector del petróleo y sus derivados. Esta desregulación se materializó en la Ley Orgánica de Operación Petrolera de 1975 que estableció las condiciones para que cualquier particular extrajera, refinara petróleo. Así, la Enap pasó a ser una más de las empresas que competían en el sector, junto a Esso, Copec, Shell y otras menores. Dicha situación implicó poner fin a cualquier intención de controlar el sector, desde la extracción hasta la distribución, como pretendía la Unidad Popular a través de la Enadi. 

Se agrega que hacia el final de la dictadura cívico-militar, la matriz energética del país había variado escasamente respecto del periodo 1970-1973. Se mantenía el importante papel de los hidrocarburos, a pesar de que se había enfatizado en la presencia de la hidroelectricidad, y se desarrollaran diversos estudios para incluir otras energías, entre ellas, solar y nuclear. El cambio sustantivo fue respecto a la presencia del Estado en el sector. Aunque Enap siguió siendo parte fundamental en el subsector del petróleo, se trataba sólo de una más de las múltiples compañías que competían en un marco sin diferencias respecto a su propiedad pública o privada. A su vez, las empresas estatales del carbón se encontraban en condiciones de precariedad debido, entre otras cosas, a la baja productividad de sus yacimientos, siendo privatizadas sus filiales más rentables, como Schwager. 

Las víctimas

En el acápite referido a las víctimas de la dictadura vinculadas al sector energético, se menciona a 23 trabajadores. De ellos, 4 corresponden al sector petróleo y 19 al eléctrico (16 pertenecientes a Endesa y 3 a Chilectra). 

En el caso de Magallanes se recuerda a Silvio Francisco Bettancourt Bahamonde, 23 años, ingeniero petroquímico de Enap y miembro del Movimiento de Acción Popular Unitaria (Mapu), detenido el 13 de septiembre de 1973 en Punta Arenas; y a Jorge Manuel Parra Alarcón, 38 años, jefe de talleres de mecánica de Enap, militante del Partido Comunista, detenido el 15 de octubre de 1973 y ejecutado el 24 de octubre del mismo año en Cerro Sombrero, Porvenir.

Una segunda categoría da cuenta de la violación a los derechos socioeconómicos de trabajadores y trabajadoras vinculadas al área energética. Aquí aparece el dirigente sindical de la Enap, José Ruiz de Giorgio, detenido y condenado a 541 días de presidio por promover “desorden público” en una manifestación en contra de la dictadura. También, Abdón Hernández, tesorero del sindicato de Enap, detenido en su domicilio por agentes de Investigaciones, acusado de “actividades subversivas”.

Se menciona también a Juan Clemente Gálvez Rivera, vicepresidente del Sindicato de Enap, a quien en 1986 se le intentó incendiar su vehículo particular, y a su hermano Pablo Gálvez Rivera, quien sufrió el allanamiento de su domicilio en marzo de 1985. 

El documento también da cuenta de 179 personas que fueron forzadas a dejar su trabajo en la Enap tras el golpe de Estado.