Término de la construcción de biblioteca municipal está entrampado en la justicia

A raíz de la demanda civil que la empresa Impex interpusiera en enero de este año en contra del gobierno regional y de la Municipalidad de Punta Arenas, por el cobro de la boleta de garantía del proyecto de reposición de la biblioteca municipal del barrio 18 de Septiembre, las obras continúan paralizadas.

Este tipo de procesos en tribunales no son de rápida tramitación.

En 2018 el municipio local, actuando de mandatario del gobierno regional, licitó este proyecto, adjudicándoselo la empresa Impex el 29 de marzo de 2019.

El contrato consideraba las obras de renovación de la Biblioteca Municipal, construyendo un edificio de tres niveles de 1.412,97 metros cuadrados. A un costo de $2.448.635.669, un precio que se pactó a suma alzada, es decir, a un valor que no sufriría variación.

La firma realizó un análisis de costos de los diversos materiales que debería adquirir, “y consideró el alza habitual “previsible” que pudiera darse en el tiempo”, según indica la demanda.

La obra debía estar concluida el 27 de mayo de 2021. Sin embargo, argumentando entre otros factores el efecto de la pandemia por el Covid-19, dicho plazo se prorrogó hasta 2022 por diversas paralizaciones de obra producto de las cuarentenas impuestas por la autoridad sanitaria.

Según Impex, cuando se dispone una paralización de obra, lo que se hace es que la empresa mandante al menos paga al contratista los gastos generales producidos durante dicho proceso.

Algo que en este caso no sucedió, porque ni el municipio ni el gobierno regional les pagó. Sin embargo la empresa debió seguir cancelando los sueldos y las imposiciones de sus trabajadores.

El mundo entero se vio afectado por el Covid-19 y Chile no fue la excepción con las prolongadas cuarentenas.

Se vino una crisis ya que los materiales de construcción subieron su valor, e incluso se generaron problemas por falta de stock.

A esto añaden la crisis económica que implicó el alza del dólar y una inflación inusitada, que nadie pudo prever. 

A consecuencia de lo anterior, la ejecución del proyecto experimentó diversos retrasos y ampliaciones de plazo no atribuibles a la constructora. “Ello, fundamentalmente, debido a que nuestra ciudad y el país en general estuvieron prácticamente paralizados durante gran parte del año 2020”.

Incumplimiento

“Pues bien, producto de los efectos de la pandemia y del alza de precios aludida y el tiempo transcurrido, mi representada se vio imposibilitada de cumplir con el contrato en cuestión, ya que para poder terminar la obra debería sacar de su bolsillo una suma superior a los $700.000.000, pero ocurre que la empresa no posee dicha suma”, describe la demanda patrocinada por el abogado Jorge Plaza Oviedo.

Esto llevó a Impex a intentar pactar un “término anticipado del contrato, de común acuerdo, lo que no fue aceptado”.

En subsidio solicitaron un aumento del precio pactado para enfrentar el nuevo escenario imprevisible, lo que tampoco surtió efecto.

A raíz de lo anterior, la firma no pudo seguir cumpliendo con el contrato.

Piden rechazo

El gobierno regional, a través de su abogado Marcos Loaiza, respondió al tribunal la demanda, pidiendo que se rechace en todas sus partes, “por carecer de fundamento con expresa condenación en costas a la actora”.

Argumentan que el Gore arbitró las medidas de coordinación destinadas a dar la solución más satisfactoria para el resguardo del interés general y del buen uso de los recursos públicos, teniendo siempre como objetivo lograr el correcto y buen término del proyecto encomendado.

Por eso el 14 de octubre de 2022, le remitieron a la Unidad Técnica (el municipio) indicando la disposición a aplicar los instrumentos entonces vigentes que habrían permitido realizar las adecuaciones necesarias para llevar a buen término la ejecución de las obras contratadas con la demandante, “sin que hasta la fecha tengamos respuesta”.

Esto último los llevó a dar inicio al procedimiento de cobro de la boleta de garantía por 4.442 UF (unos $160.231.824), por incumplimiento de contrato.

Audiencia de conciliación

Lo último que figura judicialmente en esta causa es que con fecha 15 de junio las partes fueron citadas a una audiencia de conciliación para el día 18 de julio a las 10 horas. Sin embargo, el juez César Millanao Andaur la suspendió ya que la resolución de junio “no se notificó con los días de antelación allí indicados”.

La parte interesada ahora deberá solicitar nueva fecha para la realización del procedimiento.