Gobierno descarta declarar estado de catástrofe tal cual lo solicitan los pescadores

Nueve formalizados por “desórdenes públicos” en el marco de las
protestas de los pescadores

En total fueron ocho hombres y una mujer detenidos en el marco de los bloqueos de carretera, y que ayer terminaron formalizados por cometer el delito de “desórdenes públicos”.

La fiscal Rina Blanco fue la encargada de comunicar el inicio de una investigación por los hechos acontecidos el día jueves, desde las primeras horas de la madrugada.

Explicó al término de la audiencia que la ley sanciona el obstaculizar el tránsito vehicular y peatonal, como también el lanzamiento de elementos contundentes, “en este caso fue a vehículos policiales”.

Posterior a la audiencia todos los manifestantes recuperaron su libertad, quedando con prohibición de salir de la región y firma mensual en la Fiscalía.

El dirigente Jorge Gallardo, que concurrió junto a otros pescadores y amigos a esperar la salida de sus compañeros, dijo que seguirán las conversaciones y destacó el apoyo del gobierno para mediar con el sector privado, frente al conflicto que los tiene enfrentados por el bajo precio que les están pagando por kilo de luga (alga).

“Esperamos tener buenas noticias en los próximos días”, y respecto a la detención de sus compañeros dijo fue “un abuso”, no descartando el inicio de acciones legales en contra de Carabineros.

Tras haber emitido una segunda declaración pública durante la mañana del viernes dirigida a la ciudadanía de Magallanes, el Sindicato de Pescadores Artesanales Sur Austral se reunió nuevamente con autoridades del gabinete regional, según lo acordado posterior a los disturbios del día jueves, para analizar y contrastar las propuestas de ambos lados.

En su último petitorio exponen tres puntos claves: declaración de emergencia para el sector de la pesca artesanal; la urgente necesidad de impulsar una industria regional que permita el procesamiento y asignación de valor agregado a los productos marinos de Magallanes; y el desarrollo de una plataforma de investigación y ciencia para impulsar el desarrollo sostenible de la producción pesquera artesanal.

Posterior a la reunión, en donde no participó el presidente sindical Jorge Gallardo, dado que se encontraba en tribunales por los controles de detención de sus colegas, la vocería la asumió Manuel Sanhueza, coordinador de proyectos y consejero del Sindicato Sur Austral. “Acá hay una problemática social que está afectando a miles de trabajadores de Punta Arenas, de Puerto Natales y la región en general que tienen familias, hijos, mujeres, adultos mayores que dependen de esta actividad (
) Cuando se afecta la comercialización del producto (la luga), ellos se ven gravemente vulnerados”.

En esa línea, respecto a la respuesta de las autoridades por su petitorio, Sanhueza argumentó que mediante tecnicismos se traban las discusiones y “lo que nos interesa son soluciones reales donde los aportes reales vengan desde el Estado chileno, se asigne un presupuesto específico para ir en ayuda de los pescadores, ya sea a través de un bono, un subsidio, o de la forma que sea necesaria. Es responsabilidad de la autoridad ver la forma en la cual puede resolver este problema”. Por tanto, en lo puntual y particular, Sanhueza consignó que “no se ha llegado a un acuerdo”.

En tanto, el seremi de Gobierno, Andro Mimica, se refirió a los avances que se ponen a disposición para fomentar la industria pesquera. “Por ejemplo, tres mil millones de pesos que van a estar en un programa acorde al gobierno regional, más de dos mil millones de pesos que se ponen para investigación para el avance futuro de la pesca artesanal. Creemos que son fondos que vienen a fortalecer la industria y hacer los avances necesarios que se requieren para este sector”.

Sobre el estado de catástrofe solicitado por el sindicato, “jurídicamente eso es una imposibilidad, los estados de catástrofe tienen que ser por órdenes naturales, ya sean terremotos, tsunamis, bacterias en el mar y en este caso no es la situación”.