“No podemos obligar a niñas a ser madres, nuestro deber como Estado es protegerlas”

A seis años de la implementación de la ley que permite la interrupción voluntaria del embarazo bajo tres causales, en Magallanes 57 mujeres se han acogido a esta normativa, invocando principalmente la causal de riesgo vital de la madre. 

Según señala la seremi de Salud, Francisca Sanfuentes, desde este año cuentan con una herramienta que permite monitorear y hacer una vigilancia y fiscalización de la implementación de la ley en toda la red asistencial. En el fondo, ir verificando y asegurando que se cumple la normativa, asegurando la oportunidad, la calidad de la atención y el acompañamiento que establece este programa a todas las mujeres que lo requieran.

Sobre la objeción de conciencia, dijo que ella varía dependiendo de los profesionales con que cuente la región. Localmente la red pública dispone de los profesionales para entregar la prestación, y que no son objetores. Añadió que en la red privada, como es el caso de la Clínica RedSalud Magallanes al no tener maternidad no tienen implementada la ley y en el caso del Hospital de las Fuerzas Armadas, los médicos son objetores de conciencia, por lo que los casos son derivados al Hospital Clínico.

En la misma línea, la seremi de la Mujer y la Equidad de Género, Alejandra Ruiz, planteó que como gobierno la meta es avanzar y no retroceder en derechos para las mujeres, más aún cuando se trata de niñas y adolescentes. “Por eso el llamado también es a desmitificar la interrupción voluntaria del embarazo, porque los argumentos falaces de que se iba a utilizar como método anticonceptivo están muy lejos de la realidad, y como se puede ver en las cifras locales, dan cuenta de casos dramáticos donde la vida y la salud de las personas gestantes están en riesgo”.  

Frente a la aprobación por parte del Consejo Constitucional de proteger la vida de quien está por nacer, y eventuales impactos en la actual ley, la seremi Ruiz acotó que el que las mujeres “tengamos plena autonomía de nuestros propios cuerpos, el acceso a derechos sexuales y reproductivos, es parte de los pisos mínimos civilizatorios. No podemos obligar a niñas de 13 años a ser madres, nuestro deber como Estado es protegerlas y vamos a continuar haciéndolo”. 

Al respecto, la matrona María Isabel Velich, complementó que toda mujer, en el marco de las 3 causales, tiene derecho a un programa de acompañamiento, tanto en su proceso de discernimiento, como durante el periodo siguiente a la toma de decisión. Este acompañamiento incluye acciones de acogida y apoyo biopsicosocial ante la confirmación del diagnóstico y en cualquier otro momento de este proceso. En este contexto, se ha observado que desde 2018 hasta 2023, la decisión de aceptar el acompañamiento es mayoritaria en todos los casos.