Una propuesta que solo beneficia a unos pocos en desmedro de muchos

Javiera Morales Alvarado
Diputada por la Región de Magallanes y Antártica chilena

Pese a que el desinterés abunda, la decisión que adoptemos como país en el plebiscito el próximo fin de semana, no es irrelevante. Todo lo contrario. Por eso, en esta columna quiero advertirles de dos problemas graves que tiene la propuesta constitucional.

Primero, empobrece a los municipios con menos recursos y más aislados del país. ¿Cómo? Con la exención de contribuciones de su artículo 16 N°29 letra c). ¿Por qué? Porque las contribuciones son la principal fuente de financiamiento del Fondo Común Municipal. Dicho fondo sostiene gran parte de los municipios regionales. Por ejemplo, Cabo de Hornos perdería el 86% de su presupuesto, Punta Arenas el 28%, San Gregorio el 73%, Natales el 46% y Porvenir el 52%. ¿Cómo estas comunas van a mantener sus CESFAM, el retiro de basura o la educación municipal?

Segundo, desfinancia también al Estado central y, con esto, resta fondos para las políticas de vivienda, salud, pensiones y, también, para avanzar en seguridad. ¿Cómo? Nos permite a quienes pagamos impuesto a la renta -solo el 25% de las rentas más altas- deducir de dichos impuestos los “gastos objetivamente necesarios para la vida” en su artículo 16 N°31 letra b). Es decir, los contribuyentes más acomodados podremos reducir de nuestros impuestos rentas de arrendamiento, que podrían llegar a millones de pesos, los aranceles de los colegios privados, que también pueden llegar a millones de pesos, o los gastos en Isapre. Yo me pregunto, ¿a quién beneficia esta medida? Las viviendas sociales, el sistema público de salud y la educación pública (de la que son usuarios 8 de 10 chilenos y chilenas) dependen en parte de este financiamiento. Le entrega, por tanto, un beneficio al 20% más favorecido de Chile, en desmedro del 80% que usa los servicios públicos. Esta propuesta a plebiscitar busca dar más a los que tienen más, y menos a los que tienen menos.

Sin duda que tenemos que avanzar en un mejor Estado, más moderno, más eficiente, sin corrupción. Ese es uno de los principales objetivos del Pacto Fiscal que propone este gobierno, y que espero logre los apoyos para que lo echemos a andar prontamente. También urge en el caso de los municipios, por lo que me alegra que mi proyecto sobre probidad municipal esté avanzando y que pronto vaya a ser ley. Así lograremos mejor bienestar, fortaleciendo instituciones, no desfinanciando a aquellas que prestan servicios para los más vulnerables de nuestra región y país. Por eso este 17 yo voto en contra.