“Hoy no existe ningún hecho que sea constitutivo de delito en relación al uso de fondos públicos”

Cerrando el año 2023, con fecha del 29 de diciembre, la Contraloría Regional de Magallanes emitió un informe final de la auditoría realizada a la Corporación Municipal de Educación, Salud y Menores de Puerto Natales (Cormunat), respecto de distintos ejes principales. Por un lado, infraestructura de los establecimientos educacionales, por otro, verificar los avances de los contratos de obras en ejecución al iniciarse la auditoría. 

El primer hallazgo de dicho informe fue advertir que la Cormunat aceptó la oferta de la Constructora Soledad Villarroel Solorza en el contrato “Proyecto de urgencia para el establecimiento educacional Liceo Bicentenario Politécnico Luis Cruz Martínez”, cuyo monto de las partidas para cámaras de HCV y cámaras de registro superaba por más de 12 millones a lo ofertado por la misma empresa para un proyecto de similares características en la Escuela Bernardo O’Higgins. Dicho alcance iría contra los principios de eficiencia y eficacia prescritos como deber de las autoridades, estimándose por sobre lo valorado en contrato similar, por lo que los motivos de esta decisión deben ser acreditados y documentados, remitiéndose al Ministerio Público y al Consejo de Defensa del Estado.

Para los proyectos de evacuación de aguas lluvias ejecutados en el Liceo Bicentenario Politécnico Luis Cruz Martínez y Liceo Gabriela Mistral, éstos no contaban con memoria de cálculo, ensayos de infiltraciones y estudios de ingeniería, por lo que la Cormunat deberá ejecutar acciones pertinentes para determinar las responsabilidades que correspondan.

Se constató que existen establecimientos con falta de extintores, como también un estado defectuoso de las redes húmedas, lo que constituye un riesgo inminente ante una situación de emergencia de incendio. Además, se comprobaron deficiencias en el estado de mantenimiento de ciertas dependencias, visualizándose duchas en mal estado, baños clausurados, falta de lavamanos, así como daños en cielos o muros.

Auditoría incluyó 4 establecimientos

El universo de la auditoría incluyó 4 establecimientos educacionales que imparten niveles de educación parvularia, básica y/o media: los liceos Bicentenario Politécnico Luis Cruz Martínez y Gabriela Mistral, y las escuelas Libertador Bernardo O’Higgins y Capitán Juan Ladrillero. Además se incluyeron la ejecución de contratos de obras realizándose en dichos establecimientos, proyectos denominados de urgencia en establecimientos educacionales financiados por el Ministerio de Educación por un monto total de $897.974.380, cuyo detalle se muestra en el anexo Nº2 del presente informe, determinándose la revisión de los trabajos realizados a la fecha de la última visita, 2 de noviembre de 2023, por la suma de $691.225.506, lo que representa un 83%, del total de los recursos aprobados, no dando cuenta de la diferencia por pagar de más de 206 millones en las cuentas corrientes de la corporación.

Otras irregularidades encontradas fue la falta de declaración de instalaciones interiores de gas, no contando con los sellos verdes emitidos por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles. A su vez, se comprobó que calderas a gas instaladas en los establecimientos no se encuentran registradas por la seremi de Salud de Magallanes y que las calderas instaladas tampoco cuentan con operadores calificados.

Alcaldesa de Puerto Natales

Al respecto de este informe emitido por Contraloría, la alcaldesa de la comuna de Natales, Antonieta Oyarzo, confirmó que este llegó el día viernes 29 de diciembre. “Lo que sucedió es que llegó un preinforme a la Corporación de Educación respecto de esta fiscalización y no se respondieron las observaciones en el plazo que estaba establecido. Este informe llega a una resolución como la que está planteada, al Consejo de Defensa del Estado, no porque los hechos que están ahí evidenciados han sido constatados o porque no se tiene la información adecuada, sino porque no fue respondido en el plazo indicado. Las observaciones no fueron respondidas por quienes tenían la responsabilidad administrativa dentro de la corporación”. Son 60 días dispuestos para dar respuesta a las observaciones realizadas por Contraloría desde emitido y recepcionado el informe.

Respecto a las diferencias entre los montos atribuidos para las partidas de cámaras en el Liceo Luis Cruz Martínez, la alcaldesa Oyarzo señaló que “si bien es la misma línea de inversión hay especificaciones técnicas que están fundamentando y argumentan la diferencia en el monto. Además estos proyectos son previamente visados por el Ministerio de Educación, por lo tanto aquí lo que se plantea es que es necesario y vamos a ver si es posible enviar esos antecedentes que debieron haber sido remitidos a Contraloría”. Sin embargo, Oyarzo quiso consignar que “hoy no existe ningún hecho que sea constitutivo de delito en relación al uso de fondos públicos”.

En cuanto a la diferencia de montos entre lo aprobado para proyectos de urgencia y lo rendido, donde se constató un avance de un 83%, Oyarzo sostiene que “toda esa información la vamos a recabar con un equipo municipal que va a ser presidido por el jefe de Control de la municipalidad y lo que vamos a hacer es levantar la información, ver qué está solicitándonos la Contraloría. Hay temas que vamos a tener que responder o dar curso a la solución con los Servicios Locales de Educación o con la seremi de Educación y tomaremos las medidas que sean necesarias a fin de transparentar esta situación”.

Traspaso de fondos

Otra situación que se abordó fue el traspaso de fondos para efectuar el pago de sueldos líquidos a los profesores. Consultada por este tema, la alcaldesa Oyarzo indica que “toda la información de lo que es esta evaluación presupuestaria es enviada a la Contraloría y la Dirección de Educación Pública a fin de que ellos, en relación a su normativa, puedan evidenciar o determinar si las transacciones internas que se hicieron en la Corporación constituyen algún hecho de ilegalidad”.

“La Corporación tomó decisiones, más allá de que hayan sido informadas posterior a efectuar estas decisiones, a fin de dar funcionamiento a la educación pública. Si existen situaciones que son constitutivas de delitos y si así van a ser definidas por la Contraloría, en calidad de alcaldesa y presidenta de la Corporación (municipal), voy a tomar las decisiones y las indicaciones que sean necesarias”.

Finalmente, la jefa comunal señaló que “hoy no existe ningún hecho que sea constitutivo de delito en relación al uso de fondos públicos”.