Solicitud de Espacio Costero Marino para Pueblos Originarios pone en jaque la industria en Natales y Río Verde

En la región existen dos solicitudes de Espacio Costero Marino para Pueblos Originarios (Ecmpo). Una de ella se encuentra lista para ser votada por la comisión Regional de Uso del Borde Costero (Crubc), mientras que la otra está siendo revisada por la Conadi.

La primera solicitud fue realizada por la comunidad Kawésqar Última Esperanza, integrada por las agrupaciones: Nómades del Mar, Comunidad Kawésqar, residentes Río Primero y Comunidad Atap. Estos pidieron 275 mil hectáreas de borde costero, las cuales, en caso de otorgarse, impedirían la actividad acuícola en la comuna de Río Verde y Natales. Según el Geoportal de la Subsecretaría de Pesca, esta comunidad requirió la totalidad de espacio costero del seno Skyring, el canal de Obstrucción, canal Guajardo, estrecho de Collinwood, seno de la Unión, canal Sarmiento, el canal Valdés y el fiordo de las Montañas.

En Río Verde, afecta a 33 concesiones acuícolas autorizadas, 76 en trámite y seis con proyecto técnico aprobado. En Natales, repercute a seis autorizadas y cinco en trámite.

Al requerimiento de los Kawésqar de Última Esperanza, se suma la solicitud de la comunidad indígena As Wal La Ipe, quienes pidieron más de 24 mil hectáreas en el sector del golfo Almirante Montt, frente a las costas de Puerto Natales. Esta se encuentra lista para ser enviada al Crubc.

Ambas Ecmpo se encuentran en estudio desde 2018.

La solicitud de Ecmpo saltó a la agenda noticiosa el pasado 29 de febrero cuando el gobierno regional de Aysén convocó a la Crubc para someter a votación el otorgamiento de 600 mil hectáreas a los pueblos indígenas, en el marco de la ley Lafkenche. Dichas concesiones se rechazaron por unanimidad.

Ayer el gobierno regional de Los Lagos resolvió el tema de la Ecmpo, en medio de protestas de los gremios pesqueros y salmoneros, que exigían el rechazo de estas concesiones.

En Magallanes, la votación aún no se realiza, aunque se espera que la mesa se convoque para el segundo semestre de este año. La Asociación de Salmonicultores, en febrero pasado, solicitó al gobernador Flies acelerar la convocatoria al Crubc.

¿Quiénes componen
el Crubc?

Esta comisión está integrada por 39 personas lideradas por el gobernador Jorge Flies. En la mesa, tendrán derecho a voto el delegado presidencial, José Ruiz Pivcevic; los tres delegados provinciales; los diez alcaldes de la región; siete seremis; el director de Sernatur, Víctor Román; la directora Zonal de Pesca, Ximena Gallardo; el director regional de Sernapesca, Patricio Díaz;  el director regional de obras portuarias, Jorge Valdebenito; y el gobernador marítimo, el capitán de navío Felipe González.

Los secretarios ministeriales que participan son los siguientes: Marlene España, seremi de Economía; Danilo Mimica, seremi de Desarrollo Social y secretario de esta comisión; Marco Uribe, seremi de Vivienda; Rodrigo Hernández, seremi de Transportes; Enrique Rebolledo, seremi de Medio Ambiente; Sergio Reyes, seremi de Bienes Nacionales.

A estos nombres se agrega un representante de la Armada, dos consejeros regionales elegidos por sus pares, dos representantes del sector pesquero artesanal; dos pertenecientes al sector acuícola y dos al sector turístico. El gobernador debe nombrar tres representantes de otros sectores diferentes de los señalados.

¿Qué dice la
Ley Lafkenche?

Hace 15 años se implementó la Ley Lafkenche (o Ley N° 20.429), producto del interés de las comunidades mapuches-lafkenche, que solicitaban el reconocimiento y protección de sus derechos territoriales sobre el borde costero. La creación de un Ecmpo constituye el eje central de la Ley.

La norma estableció un mecanismo para preservar usos y costumbres indígenas.

El Ecmpo es entregado por un tiempo indefinido en administración a una comunidad o a una asociación de comunidades indígenas, siempre y cuando no existan derechos constituidos por terceros en dicha área y la Conadi verifique los usos y costumbres alegados.

La subsecretaría de Pesca es la encargada del procedimiento de destinación, la que analiza si existen superposiciones para luego solicitar a la Conadi el informe sobre usos consuetudinarios.

La Ley 20.249 establece dos límites a la extensión de la Ecmpo: debe ajustarse a lo necesario para preservar el uso consuetudinario; y debe respetar los derechos constituidos de terceros.