34 denuncias por extracción de agua e intervención de cauces fueron investigadas por el Mop

La Dirección General de Aguas (DGA) del Mop entre 2020 y 2024 recibió en Magallanes 14 denuncias por extracción no autorizada de aguas, en las cuales en dos casos se constataron infracciones. A esto se suman 30 oficios iniciados por el ente fiscalizador, en donde se constataron dos incumplimientos. 

Sobre obras no autorizadas en cauces se acogieron 20 denuncias, de las cuales en ocho de ellas se comprobó una falta. La DGA inició de oficio 24 indagatorias, en donde se encontraron doce faltas. 

Las multas ascienden a más de 100 millones de pesos.

Según el Código de Aguas, la DGA tiene la potestad para ejercer la vigilancia de las aguas en los cauces naturales de uso público y acuíferos; impedir, denunciar o sancionar la afectación a la cantidad y la calidad de estas aguas; e impedir que en éstos se construyan, modifiquen o destruyan obras sin la autorización previa del ente encargado de aprobar dicha obra. A esto se suma fiscalizar el buen uso de los derechos de aprovechamiento de aguas.

Los motivos de fiscalización más frecuentes son por no registrar cualquier obra que hagan en relación con el uso de los derechos; no informar las extracciones de caudales que realizan. Junto al incumplimiento de estos registros, las principales infracciones están relacionadas con las extracciones de aguas no autorizadas y modificaciones de cauces no autorizados como la extracción de áridos y la ejecución de obras para desviar canales o cauces.

En Magallanes existen 1 mil 088 constituciones de derechos de agua superficiales y subterráneas. 

A nivel nacional 

Durante el primer semestre de 2024, a nivel nacional, se finalizaron 941 expedientes de fiscalización, de los cuales 380 terminaron en infracciones. Un 33% más de fiscalizaciones resueltas en comparación con el mismo período de 2023.

Se aplicaron multas por 4 mil 150 millones de pesos (63.085 UTM), un aumento del 10% en el monto total de las multas en comparación al año pasado. 

“Es una gestión que cada vez es más intensa; que en el escenario de escasez hídrica se hace cada vez más importante para el adecuado, correcto y uso estricto del agua que las personas naturales o jurídicas tienen asignadas”, destacó la ministra de Obras Públicas, Jessica López. 

La titular responsabiliza del incremento al fortalecimiento de los equipos de fiscalización, los cuales en un año pasaron de 60 a 100 personas. La Dirección puso el foco en teledetección, imágenes satelitales, drones de batimetría y tecnología láser.