“Generalmente hay uso regulado de la fuerza, pero en este caso en particular no lo hubo”

A premio ilegítimo por haber golpeado a cuatro reos luego de haber sido reducidos. Esta es la base argumental que el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) tiene para sumarse como querellante a la investigación en contra de funcionarios de Gendarmería en el marco del último intento de fuga registrado en el Complejo Penitenciario de Punta Arenas. La denuncia del INDH ameritó el inicio de una investigación sumaria y ha dejado suspendido de sus funciones ya a tres funcionarios, siendo este último el alcaide de la cárcel, Freddy Meza.

“El Instituto jamás se ha opuesto al uso regulado de las fuerzas. Ellos tienen que cumplir sus funciones. Lo que ocurre después es que ellos están reducidos. Eso es apremio ilegítimo”, explica el director regional del INDH, Cristián Figueroa, sobre la acción legal interpuesta por la institución. “Revisados los antecedentes pudimos constatar que se trataba de apremios ilegítimos por cuanto, una vez que ellos fueron reducidos, sufrieron una golpiza de proporciones. No por uno, ni por dos. Señalan que por lo menos participaron de diez funcionarios hacia arriba. Eso es claramente una falta de apego al protocolo que está establecido por Gendarmería”, explica sobre la base de la denuncia.

En ese sentido, explica que el actuar del Instituto se respalda en un mandato legal. “Hay muchos casos que nos llegan. La mayoría de los casos que nos llegan son de denuncias en donde logramos constatar que no hay antecedentes que se presenten y que estén en la vía de apremios ilegítimos, o que se constituyan. Generalmente hay uso regulado de la fuerza, pero en este caso en particular no lo hubo”.

Mesa Penitenciaria

En la Mesa Penitenciaria constituida por diferentes organismos se abordó esta situación y se explicó que Gendarmería instruyó un sumario administrativo para establecer responsabilidades internas. ”Sabíamos que es un hecho grave, sin precedentes. Por tal razón también entendemos que los traslados son parte de los procesos administrativos que tiene que efectuar Gendarmería”.

Ahondando en esta etapa, explica que “nos preocupó el hecho de que pudiesen volver a sufrir otro apremio y por eso nos contactamos con las sedes regionales del Instituto en las regiones donde fueron trasladados, Rancagua, Concepción, Valdivia y Puerto Montt”.

En visitas posteriores se constató que pese a los golpes estaban mejorando sus condiciones de salud, salvo por uno, que ha tenido pérdida de audición y problemas de visión. “Uno de los internos tiene problemas al oído, problemas de visión, otros han tenido vómitos y convulsiones. Nosotros creemos que es producto de las secuelas de las golpizas a las que fueron sometidos, que fue intensa y cuyos responsables deben aparecer”, sostiene Figueroa.

Desde Gendarmería se les ha explicado que esas responsabilidades se estarían investigando mediante el sumario interno que llevan en curso, lo que los lleva a aplicar su normativa interna. “El director regional nos ha dicho de que pudiésemos contar con todas las garantías para tener tranquilidad de que los procesos que están llevando a cabo se van a llevar en buenos términos y nosotros no tenemos por qué dudar de aquello”.

Caso de Carabineros

Otra de las causas que está en análisis por parte del Instituto de Derechos Humanos es en contra de Carabineros por el actuar en un procedimiento de calle Errázuriz con Armando Sanhueza, en la que un ciudadano colombiano terminó muerto con 8 disparos. “Creemos que faltó un espacio de diálogo mayor antes de haber percutado el primer tiro. En este caso, este joven se abalanza después del primer tiro y luego vienen siete impactos más. Fueron dos que percutaron al inicio, con el segundo cae y el resto fueron seis balazos que evidentemente llaman la atención, por la cantidad de ráfagas que se efectuaron en un procedimiento como ése”, señala el director regional, Cristián Figueroa.

Este caso en cuestión se está estudiando con el equipo jurídico regional y el apoyo de Santiago, para analizar el actuar a seguir de la Institución, que evalúa presentar una querella. Entre las últimas diligencias entregadas fueron exámenes de balística, que se suman a videos y declaraciones de testigos. “El video, el tiempo del procedimiento, la cantidad de ráfagas que se efecutaron y la situación en general amerita un análisis profundo y prontamente lo vamos a tener para tomar las determinaciones respectivas”, concluye.