Plan de desalojo de ocupaciones ilegales de predios fiscales

La secretaría regional ministerial de Bienes Nacionales ha venido desarrollando un programa de desalojo de personas y familias que se han tomado predios fiscales en Magallanes.

Esto es parte de una política pública que pone de relieve un tema crucial: la recuperación de terrenos públicos y su adecuada destinación en beneficio de la comunidad. Estos predios, que pertenecen a todos, representan un recurso valioso que debe ser utilizado para proyectos de interés colectivo, como la construcción de parques, áreas recreativas o infraestructuras públicas que mejoren la calidad de vida de los vecinos.

Las ocupaciones ilegales de terrenos fiscales, aunque muchas veces motivadas por la falta de acceso a vivienda, generan un conflicto de intereses entre los derechos de quienes han tomado estos espacios y las necesidades de la comunidad en general. Si bien es fundamental abordar el déficit habitacional y la
desigualdad en el acceso a la vivienda, la toma de terrenos fiscales no es una solución sostenible ni justa a largo plazo. Por ello, la decisión de desalojar a las personas asentadas en estos predios, tras un proceso de notificación adecuada y con respeto por los derechos de los ocupantes, es una medida necesaria para restablecer el orden y planificar un uso más equitativo de estos espacios.

La importancia de rescatar estos paños radica en la posibilidad de destinarlos a proyectos que favorezcan el bienestar común. En una región como Magallanes, donde la disponibilidad de terrenos es clave para el desarrollo urbano, cada hectárea recuperada puede ser transformada en espacios verdes, infraestructura pública o áreas para el desarrollo económico, todo ello en beneficio de la comunidad en su conjunto.

Sin embargo, es imperativo que este tipo de desalojos se realice de manera coordinada y transparente y que quienes deban dejar esta ocupación ilegal tengan tiempo para acceder a soluciones alternativas.

En este sentido, el desafío no sólo es desalojar los predios, sino también asegurarse de que se implementen políticas públicas que aborden las causas de fondo, como la falta de acceso a viviendas dignas.