66 mujeres interrumpieron su embarazo bajo las tres causales en Magallanes

A siete años de la promulgación de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (Ive), Magallanes muestra una alta tasa de uso de esta normativa en situaciones de riesgo vital, inviabilidad fetal y violación. Según cifras del Departamento de Estadísticas e Información de Salud (Deis), entre enero de 2018 y junio de 2024, el 97% de las mujeres y niñas que accedió a las tres causales permitidas por la ley optó por interrumpir su embarazo.

En total, se han reportado 68 casos en la región, de los cuales 66 optaron por la interrupción del embarazo. Las causales se distribuyen de la siguiente manera: 26 casos por riesgo vital de la madre, 26 por inviabilidad fetal de carácter letal, y 14 por embarazo producto de una violación. Estas cifras reflejan la importancia de la ley en proporcionar una opción segura y legal para las mujeres en situaciones críticas.

Alejandra Ruiz, seremi de la Mujer y la Equidad de Género,  subrayó que esto no sólo refuerza el derecho de las mujeres a decidir sobre sus cuerpos, sino también refleja la efectividad de esta legislación en garantizar opciones seguras y legales en casos tan extremos como el riesgo vital, la inviabilidad fetal y la violación.

En paralelo, la seremi de Salud, Francisca Sanfuentes Parga, complementó que “desde la entrada en vigor de la ley, hemos centrado esfuerzos en capacitar a los equipos médicos y asegurar que los hospitales públicos y privados cumplan con los procedimientos establecidos, brindando un acompañamiento integral a las mujeres que se acogen a la ley. Esto incluye orientación médica, asesoramiento psicológico y la garantía de que puedan tomar una decisión informada y segura”.

Una de las medidas recientes más importantes para asegurar el acceso oportuno a este derecho ha sido la presentación de modificaciones al reglamento de objeción de conciencia. Entre las modificaciones destacan la creación de un protocolo de reasignación y derivación para asegurar que las mujeres sean derivadas de inmediato a otro profesional o centro de salud en caso de que el médico personal objete. 

Este protocolo será común para todos los establecimientos, y busca evitar que las mujeres tengan que recorrer distintas regiones o ciudades para acceder a este servicio. Además, se garantiza que la atención será siempre oportuna y sin costo adicional para las usuarias.