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– Eynar Ronald Aguilera Escobar

– Claudia Godoy Cárcamo

– Edecio Garcerán Paredes Barría

“Nunca esta región había tenido tantas sentencias como en estos dieciocho meses”

Domingo 24 de Noviembre del 2024

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Este viernes La Prensa Austral publicó un reportaje en que se daba a conocer la desvinculación de diversos altos cargos de la Fiscalía Regional de Magallanes y Antártica Chilena, lo que implicó el desembolso de 200 millones de pesos en finiquitos para el Ministerio Público. En entrevista con El Magallanes, el fiscal regional, Cristián Crisosto, abordó esta situación, desmintiendo tales fondos, así como las denuncias por mal ambiente laboral y otras causas internas de la Fiscalía.

La máxima autoridad de la Fiscalía Regional de Magallanes expuso que, a su juicio, los planteamientos de los desvinculados son entendibles, enmarcados en decisiones difíciles a nivel institucional, las que, sin duda, pueden generar cierta incomodidad. Sin embargo, indica que “los cambios que se han hecho están sólo en sintonía con el objeto de poder modificar la institución para una realidad distinta”.

En esa línea, explica que la realidad criminalística regional es muy disímil hoy en día a cuando el Ministerio Público inició en la región, lo que implican desafíos distintos. “Estamos hablando de crimen organizado, de drogas, de explotación sexual de niños, niñas y adolescentes, de delitos sexuales. Además del crimen organizado, estos nuevos desafíos criminales necesitan que la institución esté a la altura para poder enfrentarlos”.

– ¿Cómo responde a las críticas que han hecho ex empleados por un clima laboral hostil?

– “Efectivamente se le pidió la renuncia a los otros directivos en una facultad que está en la ley. Todos los gobernadores, subsecretarios, ministros, etc. tienen allí por ley un cierto número de funcionarios de exclusiva confianza y son de libre designación y remoción. Por tanto, cuando yo llegué a la región, hice uso de la facultad que está en la ley y se le pidió la renuncia a estos cuatro directivos. Y nombré a cuatro directivos distintos que necesitábamos nosotros para implementar un proyecto regional distinto y que esté a la altura de los desafíos que la criminalidad organizada nos está imponiendo”.

– ¿A qué se deben las continuas desvinculaciones que se han visto durante su gestión?

– “La institución paga el sueldo a los fiscales para que investiguemos, para que ejerzamos nuestros planes públicos y demos protección a las víctimas. Esas labores hoy día ya son distintas de lo que eran en el año 2002. Por tanto, necesariamente la Fiscalía tiene que modernizarse y poder contar con personal adecuado. Aparte de esos cuatro directivos, efectivamente este año se desvinculó a dos profesionales más, a quienes se les desvinculó utilizando una causa legal, que es la necesidad de la institución (…) No es que se les haya desvinculado y hay que dar plazas. Se les desvinculó y se les paga una indemnización por todos los años de servicio. Y esto se justifica en un cambio de perfil”.

– ¿A qué se refiere por este cambio de perfil?

– “La comunidad no sabe que en el Ministerio Público las unidades de Recursos Humanos y de Finanzas de la institución estaban lideradas por una sola persona. Entonces, lo que hicimos fue dividir ambas unidades. Ahora tenemos un jefe de recursos humanos y una jefa de finanzas. Para eso, debimos desvincular a una funcionaria, porque ella era abogada, por tanto, no podía asumir la función de jefa de Finanzas (…) Respecto del abogado asistente, hoy día la región es la primera a nivel país en el ingreso de delitos sexuales de niños, niñas y adolescentes. Es decir, somos la primera región a nivel nacional en los delitos de explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes (Escnna) y la tercera a nivel nacional en el ingreso de delitos sexuales. Eso implica tener abogados que tengan formación en género, en integración con perspectiva de género y se contrató a una profesional que sí contaba con esos requisitos”.

– ¿Cómo evalúa el impacto financiero en el presupuesto operativo de la institución, teniendo en cuenta estos finiquitos?

  “No hay ninguno. Esa cifra que alguien la tuvo de que la Fiscalía iba a tener que desembolsar como 200 millones no es verdad, eso es lo que le puedo indicar. Solamente dos juicios laborales, los que interpusieron dos funcionarios que fueron desvinculados por necesidades de la institución y ese recién está en el fallo de primera instancia. El Consejo de Defensa del Estado apeló y está por verse lo que en definitiva resuelva la Corte de Apelaciones de Punta Arenas que es la que va a fallar en definitiva esto. Ahora bien, hechos son amores y lo demás son sólo buenas razones”.

– ¿A qué se refiere con esta frase?

– “Llevo 18 meses de gestión y nunca esta región había tenido tantas sentencias como en estos dieciocho meses. Nunca habíamos obtenido tantas sentencias condenatorias, nunca habíamos tenido una tasa de archivos provisionales tan baja, eso quiere decir que estamos investigando más. Nunca habíamos atendido a tantas víctimas como en los 18 meses que llevamos. En definitiva, lo que nosotros estamos haciendo, estamos liderando esta Fiscalía de cara a estos 8 años, con objetividad, eficiencia y para eso necesariamente se deben hacer cambios”.

– ¿Qué se espera para los próximos años de su gestión?

– “Nosotros nos hemos destacado como un liderazgo inclusivo y que hemos puesto en primer lugar a las personas. Piense usted que cada dos años la Fiscalía Nacional envía a hacer una encuesta de crimen interno por región. Esta región, en el año 2019 y el 2021, a nivel nacional, estaba en el último lugar del ranking. Era la región con el peor clima laboral en el país. Cuando se hizo la última encuesta que hice en mi administración, ya no estamos en último lugar. De hecho, estábamos entre los seis primeros lugares, entre las seis regiones con mejor ambiente laboral en todo el país. Fuimos la región que más subió su ambiente laboral a nivel de todas las fiscalías y eso a mí me tiene muy contento”.

Falta de fiscales

En agosto del 2023, en entrevista con La Prensa Austral, el fiscal Crisosto indicó que existe una acuciante falta de dotación en la Fiscalía en cuanto a persecutores. “Somos 9 fiscales y un análisis somero nos indica que, al menos, para poder satisfacer las necesidades de la comunidad de manera oportuna, eficiente y eficaz, necesitamos de otros nueve fiscales”, dijo entonces.

– ¿Qué medidas ha adoptado frente a la falta de persecutores?

– “Nosotros en la región somos 9 fiscales adjuntos y para poder ampliar la cantidad de fiscales necesariamente tiene que haber una modificación legal. Es por eso que estamos a la espera de que el Congreso pueda despachar el proyecto de ley de financiamiento del Ministerio Público. Es en esa oportunidad que podamos recibir más fiscales. Por el momento hemos recibido apoyo permanente de la Fiscalía Nacional con el objeto de poder contratar abogados a honorarios que nos apoyen en la operación”.

– ¿Existe una brecha identificada para poder satisfacer las demandas investigativas?

– “Lo que nosotros hemos estimado que debiera recibir la Fiscalía, pensando en que digamos las leyes de fortalecimiento no se dictan todos los años, con seis fiscales más, la región podría enfrentar adecuadamente los desafíos de la criminalidad organizada”.

– ¿Por qué ha sido el fiscal Soto alejado de sus funciones?

– “El fiscal Soto fue sancionado disciplinariamente a raíz de un sumario administrativo que se encuentra suspendido. Para que se aplique la sanción de suspensión de funciones se requiere un sumario administrativo y se requiere establecer graves irregularidades, incompetencias y negligencias en el ejercicio de la función del fiscal. Es por eso que el fiscal Soto ha sido suspendido y está alejado de sus funciones, sin perjuicio de que efectivamente además tiene otra investigación administrativa en su contra, tiene otro sumario y además sin perjuicio de una causa penal que está vigente en su contra”.

– Eso llevó a que fuera apartado, entonces.

– “Él tenía un sumario administrativo que ya está afinado. Se le aplicó la sanción de suspensión de funciones básicamente porque se logró establecer que desempeñó sus funciones con incumplimientos graves, con irregularidades e incompetencia, que fue una sanción que fue propuesta por este fiscal regional y se confirmó por el fiscal nacional atendido los graves hechos en los cuales se encontraba involucrado”.

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