Umag: entre la sostenibilidad financiera y la necesidad de diálogo

La Universidad de Magallanes (Umag) atraviesa un momento crucial en su historia. Esto, en palabras de su rector, se debe a que la entidad está atravesando una “profunda transformación” impulsada por mandato de su Junta Directiva.

No es nuevo que la Umag esté enfrentando un desafío doble: garantizar su sostenibilidad financiera y fortalecer su relación con la comunidad académica y de funcionarios. 

El plan de gestión presentado por las autoridades universitarias, orientado a reducir la carga presupuestaria destinada al pago de sueldos, parece ser una medida ineludible en un contexto económico difícil. Sin embargo, la forma en que este proceso se ha llevado adelante deja preocupantes interrogantes sobre la gobernanza y el respeto por el diálogo institucional.  

Actualmente, la Umag destina 1.500 millones de pesos mensuales al pago de sueldos, una cifra considerable para una universidad pública de tamaño medio. Llama la atención que cerca del 50% de estos recursos se concentra en el 23% de los funcionarios, un grupo compuesto por 162 personas de planta y honorarios. Este dato pone en evidencia un desbalance en la estructura salarial, que no sólo complica las finanzas de la institución, sino que genera tensiones internas y cuestionamientos sobre la equidad en la distribución de los recursos.  

Si bien resulta imprescindible replantear la gestión presupuestaria, la falta de diálogo con los estamentos afectados y la forma en que se han comunicado y ejecutado estas decisiones han generado un clima de malestar y desconfianza. La comunidad universitaria -integrada por académicos, estudiantes y funcionarios- no sólo es un actor pasivo en este proceso, sino el corazón mismo de la institución. Sin un consenso mínimo o una discusión transparente sobre las medidas, cualquier plan, por necesario que sea, está destinado a encontrar resistencia y, en el peor de los casos, a fracasar.  

La Umag no puede permitirse el lujo de profundizar las divisiones internas en un momento en que enfrenta presiones externas, como la competencia por estudiantes, la necesidad de aumentar su impacto en investigación y extensión, y las demandas de una sociedad que exige universidades públicas fuertes y bien gestionadas. En este contexto, el diálogo inclusivo y transparente debe ser una prioridad. Las autoridades no pueden ignorar el valor de la construcción colectiva, pues legitima las decisiones y también genera un sentido de pertenencia y corresponsabilidad entre todos los actores.  

El futuro de la Umag depende de encontrar un delicado equilibrio: avanzar hacia una gestión financiera más eficiente y sostenible, sin comprometer la confianza y el compromiso de su comunidad. Esto implica replantear prioridades, evaluar alternativas y, sobre todo, asegurar que las decisiones se tomen de manera participativa y con un respeto profundo por los principios de una universidad pública.  

La Umag es mucho más que una institución educativa; es un pilar del desarrollo cultural, social y económico de nuestra región. Su misión trasciende las aulas y los laboratorios, impactando directamente en el futuro de nuestra región. Por eso, las soluciones a los problemas financieros deben ir de la mano de un liderazgo que inspire y una gobernanza que escuche. Magallanes necesita una universidad sólida y unida, y este objetivo sólo será posible si todos los actores trabajan juntos, con transparencia y compromiso.