Cámara Marítima y Portuaria solicita pronunciamiento a Contraloría por inversiones en puertos estatales
La Cámara Marítima y Portuaria de Chile (Camport) ha expresado su preocupación ante los recientes anuncios de inversiones estatales en las instalaciones portuarias de Antofagasta y Punta Arenas, a través de convenios entre el Estado y las empresas portuarias estatales correspondientes, la Empresa Portuaria de Antofagasta (Epa) y la Empresa Portuaria Austral (Epaustral).
En un comunicado, Camport señaló que las autoridades nacionales, regionales y los directivos de las mencionadas empresas portuarias estatales han confirmado una serie de inversiones en infraestructura mediante aportes del Estado, específicamente en el marco de ampliaciones en dichos puertos. Sin embargo, el gremio cuestionó la legalidad de estos acuerdos, citando la Ley 19.542, que regula la modernización del sector portuario estatal.
Según la Ley 19.542, que establece un régimen especial para las empresas portuarias del Estado, estas entidades no pueden recibir fondos públicos, salvo que se otorguen en condiciones similares a las de los inversionistas privados. En su artículo 20, la norma establece que las empresas estatales no podrán acceder a créditos, subsidios, fianzas o garantías del Estado, a menos que se brinden las mismas condiciones al sector privado. “Asimismo, las empresas no podrán otorgar subsidios o subvenciones a las inversiones de terceros en los puertos y terminales de su competencia”, añadió Camport en su declaración.
El gremio también destacó que los anuncios de las inversiones y la firma de los convenios no han sido precedidos por un proceso de difusión adecuado, ni se han hecho públicos los detalles de las condiciones en las que se llevarán a cabo estas inversiones. Además, criticaron que el sector privado no ha sido informado ni se le han ofrecido las mismas oportunidades que al sector público para participar en estos proyectos.
En su declaración, Camport señaló que, a pesar de los 37 años de aplicación exitosa de la ley y de las inversiones privadas realizadas en los puertos estatales, por un monto superior a los 2.000 millones de dólares en equipamiento, obras e instalaciones, las cuales han sido de beneficio para el Estado una vez concluido el período de concesión, las inversiones estatales deben seguir un marco que garantice la transparencia, la competencia y la igualdad de condiciones para los actores privados.
“La voluntad del Estado de mejorar la infraestructura portuaria y buscar soluciones a problemas manifiestos es valorable y digna de reconocimiento. Sin embargo, los mecanismos para alcanzar los objetivos de eficiencia y una inversión oportuna en el sistema portuario nacional ya están establecidos por la ley”, concluyó el gremio, anunciando que tomarán acciones para investigar la legalidad de las inversiones anunciadas.
Este conflicto podría abrir un nuevo debate sobre el modelo de gestión de los puertos en Chile y las garantías de equidad para el sector privado frente a los proyectos públicos en el área portuaria.