Corte Suprema revocó fallo que favoreció a abogado cuestionado por asesorías municipales
La Corte Suprema revocó la sentencia de la Corte de Apelaciones de Punta Arenas que el 6 de marzo del año pasado le dio la razón al abogado Carlos Contreras Quintana, cuando ganó el recurso de protección que interpuso en contra de la Contraloría Regional.
Ahora sufrió un revés judicial en el máximo tribunal, instancia a la que apeló el organismo contralor y que le terminó dando la razón.
El recurso de Carlos Contreras Quintana apuntaba a una infracción de la libertad de trabajo. Por ende, pidió “dejar sin efecto los actos administrativos que atentan con las garantías constitucionales que precisamos”.
La contratación del jurista en la municipalidad de Porvenir por parte del alcalde Gabriel Parada provocó mucho ruido en su momento al interior del Concejo Municipal.
Uno de los ediles se mostró en desacuerdo con tener a un abogado que sólo concurriera algunos días del mes a la comuna, cuestionando que no le dieran preferencia a un profesional con residencia en Porvenir.
En su momento, la Contraloría realizó observaciones a la contratación de la asesoría jurídica y el nuevo escenario de contratación.
Ante los cuestionamientos a su labor de asesor jurídico de las municipalidades de Río Verde y Porvenir fue que Contreras presentó el recurso de protección.
Según la Contraloría, “no resulta procedente ni aceptable que el recurrente se arrogue la representación de las mencionadas corporaciones”. Reitera que las funciones entregadas por ley a asesoría jurídica “deben ser desempeñadas por personal municipal y no por terceros ajenos a la administración”.
Ganó en la Corte
Con el voto disidente del fiscal judicial Pablo Miño, la Corte de Apelaciones falló el 6 de marzo de 2024 a favor del abogado recurrente, porque de la manera en que resolvió la Contraloría, “le deja en una condición de menoscabo respecto de quienes pueden contratar con las entidades edilicias sin las limitaciones impuestas a su respecto de manera infundada y arbitraria”.
Respaldo a la Contraloría
Sin embargo, la apelación no se dejó esperar y la Contraloría llegó al máximo tribunal de justicia, instancia que anuló el recurso de protección y con ello respaldó su accionar.
Sobre el dictamen del organismo que puso en jaque la asesoría legal, el fallo dio por establecido que “el dictamen constituye una interpretación jurídica vinculante para la Administración del Estado y, para el caso concreto y ante la petición del administrado, la Contraloría está autorizada para emitirlos en ejercicio de sus potestades legales. En otras palabras, la recurrida se ha limitado a ejercer sus facultades en situaciones en las que ha sido expresamente requerida para ello por terceros”.
En consecuencia, “el dictamen constituye una interpretación jurídica vinculante para la Administración del Estado y, para el caso concreto y ante la petición del administrado, la Contraloría está autorizada para emitirlos en ejercicio de sus potestades legales. En otras palabras, la recurrida se ha limitado a ejercer sus facultades en situaciones en las que ha sido expresamente requerida para ello por terceros.
“Estas circunstancias -prosigue la argumentación- refuerzan el hecho que la presente materia en discusión ha de ser resuelta mediante el procedimiento ordinario que corresponda”.