Lidia Amarales recurrió a la Corte de Apelaciones por su despido de la Universidad de Magallanes

• “El rector pretende solicitar mi renuncia no voluntaria argumentado que se trata de un cargo de confianza (subdirectora asistencial docente de la Umag), cuestión que no es efectiva”, planteó Amarales.

• La rectoría discrepa y señala que “la decisión responde a un proceso de ajustes en su equipo directivo, enmarcado dentro de las medidas necesarias para garantizar la sostenibilidad y proyección institucional”. 

Por considerar su despido al cargo de subdirectora asistencial docente de la Universidad de Magallanes, un “acto arbitrario” e “ilegal”, la médico- cirujano, magister en salud pública, broncopulmonar infantil, pediatra y exsubsecretaría de Salud en el gobierno de Michelle Bachelet, Lidia Amarales Osorio, presentó un recurso de protección en la Corte de Apelaciones en contra del rector de la Universidad de Magallanes, José Maripani Maripani.

Por medio de una carta, le solicitaron a Lidia Amarales la renuncia voluntaria al cargo de subdirectora asistencial docente de la Universidad de Magallanes, bajo el apercibimiento de declarar vacante el puesto si no lo hacía dentro del plazo de 48 horas.

La profesional dijo desempañarse en la Umag desde el año 2021 en calidad de honorarios. Y desde agosto de 2022 como profesor asociado, como académica del Centro Asistencia Docente y de Investigación Cadi- Umag, siendo nombrada por decreto en abril de 2024 en el cargo de subdirectora asistencial docente.

Cuando le comunicaron la desvinculación se encontraba haciendo uso de licencia médica.

También da cuenta que se encuentra pendiente un sumario administrativo originado en una denuncia efectuada por ella, donde acusa maltrato laboral. Y que “ante la ineptitud o ineficacia del mismo, aportando nuevos antecedentes, se ingresó con fecha 18 de octubre del año 2024 una denuncia amparada en la ley 21.463 a la Contraloría Regional, sin que se tenga noticia alguna al respecto, a pesar de las acciones que debió ejecutar dicho órgano conforme a la ley y a su protocolo”.

Acusa vulneración
de derechos

La facultativa acusa vulneración de derechos y plantea que “el rector pretende solicitar mi renuncia no voluntaria argumentado que se trata de un cargo de confianza, cuestión que no es efectiva a la luz de lo establecido en el estatuto de la Universidad de Magallanes”.

“Mi cargo no está signado como de confianza en el propio estatuto de la Universidad y considerando su fuerza obligatoria en cuanto a ley, no puede el rector pretender crear otro cargo de ese carácter, pues carece de facultad normativa para eso”.

“Por este sólo hecho, palmario, evidente e incuestionable, la decisión es ilegal. Y se vulnera el derecho de propiedad sobre mi cargo que no es de exclusiva confianza, el debido proceso al emplearse un procedimiento que no corresponde para desvincularme y el principio de igualdad ante la ley aplicando una norma que no le corresponde”.

Represalias

“El acto es ilegal pues constituye una represalia por las denuncias que he efectuado en contra de la Universidad, represalia que afecta mi derecho de propiedad en relación con mi condición jurídica de indemnidad, el del debido proceso al disponerse una petición de renuncia en represalia y sin estar facultado legalmente para hacerlo la recurrida y el principio de igualdad ante la ley al afectar a una persona que no debe ser sujeto de estas acciones, como cualquiera otra en dicha condición”.

Respuesta de la Umag

En respuesta al término de la relación laboral con la Dra. Lidia Amarales, la Universidad de Magallanes respondió que “esta decisión responde a un proceso de ajustes en su equipo directivo, enmarcado dentro de las medidas necesarias para garantizar la sostenibilidad y proyección institucional”.

La casa de estudios refuerza la idea de que el cargo que desempeñaba es de exclusiva confianza, “y como es propio en estos casos, su continuidad depende de las necesidades estratégicas de la institución en cada momento. Estos cambios forman parte de un proceso más amplio de fortalecimiento de la gestión universitaria, orientado a enfrentar los desafíos actuales y futuros”.

En cuanto a la acción judicial presentada, “la universidad respeta su derecho a recurrir a los tribunales, tal como la normativa vigente lo permite. En ese contexto, presentaremos ante la justicia los argumentos jurídicos que respaldan la decisión adoptada, reafirmando el ejercicio legítimo de nuestras atribuciones institucionales”.

“Reiteramos nuestro compromiso con la transparencia y la estabilidad de la Universidad de Magallanes, priorizando siempre el bienestar de nuestra comunidad académica y el desarrollo de nuestra misión educativa”.