“Estaba todo para que hubiera sido detenido y para presentar la querella al mes”

Lucas Ulloa Intveen

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Abandono, engaño y ansias de justicia. Así describe las emociones que han provocado en ella, la madre de una víctima de violación por parte de el exjefe de gabinete de la delegación presidencial provincial de Última Esperanza, luego de conocer los hechos. “Pasaron muchas cosas extrañas”, relata, sobre la demora en que este agresor quedara tras las rejas, además de los 18 meses de espera para que el sujeto fuera formalizado.

Un aspecto crucial en su relato es sobre el trabajo realizado por la primera abogada de su hija, Martina Pradenas, asignada para representarla por el gobierno. “A las semanas siguientes, había muchas pruebas para poder formalizar a este tipo. Inexplicablemente, no se sabe por qué Martina Pradenas, que era la abogada en ese minuto, nunca quiso formalizarlo”, relata su madre.

El estallido del “caso Monsalve” implicó también un vuelco en esta causa. Al ver esa situación en las noticias, su hija relata haber comenzado diligencias con el director nacional de los Centros de Atención Integral a Víctimas (Cavi), exigiendo un cambio de abogada. “Cuando pasó lo de Monsalve, como que tuvo una crisis y ahí dijo: ‘Ya no puede ser, ya no más’. Ahí exigió el cambio de la abogada y se reunió con el director de los Cavi. Le dijeron que hubo cosas extrañas y que harían un sumario a Martina Pradenas, cosa que tampoco hasta el día de hoy ha iniciado, porque Martina extrañamente salió justo con licencia indefinida”.

A raíz de estas diligencias realizadas por la propia víctima es que consiguieron una nueva abogada para el caso. “Hace como cinco meses atrás le asignaron otra abogada, que es Claudia, y ella sacó en dos meses lo que Martina no sacó en un año y medio”, apunta la madre.

Dos puntos son importantes en el actuar de la abogada Pradenas, a juicio de la familia. En primer lugar, ante la consulta por la presentación de la querella, la defensora argüía que faltaban más pruebas y datos. Sin embargo, en todo ese tiempo tampoco pedía diligencias específicas al Ministerio Público para subsanar la presunta información faltante. Por otro lado, utilizando las mismas pruebas, la actual abogada consiguió la formalización y prisión preventiva.

Un antecedente que se relaciona con el punto anterior es que, a casi un año de los hechos, sobre la causa aún faltaba ingresar un informe psicológico. La citación le llegó a su hija en julio del año pasado, pero en Puerto Natales, siendo que ella a la semana ya se había devuelto a Santiago. “Ella lo único que dijo fue que iban a tener que pedir una nueva fecha. ¿Cómo es posible que la abogada no sepa dónde está su representada? Entonces, decía que faltaba una pericia, o esto, pero tampoco hacía nada”, se queja la progenitora.

Abandono y engaño

Las autoridades locales y del nivel central estuvieron al tanto del caso desde el primer día. En las últimas declaraciones emitidas por la delegación presidencial regional agregan que “se prestó asistencia y resguardo a la víctima desde el primer momento”. No obstante, la madre pone dichas afirmaciones en tela de juicio. “A los dos meses después recién le asignaron psicólogo, nunca tuvo ayuda psiquiátrica excepto la primera consulta y fueron 14 a 16 meses en que no pasó nada”.

La sensación que deja en ella la describe en pocas palabras. “Abandonada y engañada, nadie nos aclaró nunca las dudas. Yo siento que mi hija fue abandonada”.

La injusticia respecto al manejo del caso se reflejó incluso en asuntos salariales. Mientras el agresor estuvo con goce de sueldo pese a estar desvinculado y con una denuncia de violación encima, su hija estuvo tres meses sin recibir sueldo. “Imagínate ser víctima de algo, encima estar tres meses sin sueldo y que te den una sola consulta psiquiátrica. Y él (el imputado) estuvo 14 meses recibiendo sueldo”, repara.

No deja de llamarle la atención el por qué no se tomó detenido el mismo día al agresor, toda vez que las policías contaban con facultad para hacerlo dada la denuncia en flagrancia. Sin embargo, al revelar que ambos eran funcionarios de la delegación, se hicieron unas llamadas y todo quedó ahí.
“Mi hija apenas llegó al hospital no habían pasado ni cinco horas. Ella tenía dirección y nombre. Los carabineros iban a ir a tomar detenido a este tipo. Pero, cuando mi hija dijo que era de la delegación y él también, la actitud cambió absolutamente y quedó en nada”, declara la madre.

A esas alturas habían declaraciones, pruebas físicas, exámenes médicos, datos de atención de urgencia, toma de muestras dactilares por la PDI, fotografías. “Estaba todo para que hubiera sido detenido y para presentar la querella al mes, por decirlo mucho. Son cosas muy extrañas. No te podría decir si es un tema político o no, pero hay cosas muy extrañas de por qué no lo hicieron y lo tienen que explicar”, observa.

En contraste con las declaraciones de la madre, está lo consignado por la delegación presidencial manifestando que, “desde el gobierno del Presidente Boric, nos mantenemos firmes en contra de cualquier forma de violación, acoso o abuso”. Esto queda para ella como palabras al aire. Además, desde que se dio a conocer públicamente el caso, el delegado José Ruiz Pivcevic no ha asumido pautas públicas ni reuniones con la prensa, salvo el comunicado escrito emanado desde el equipo de comunicaciones.

La madre pide que, en adelante, se haga justicia. “No sé qué quieren investigar más, si ya entregamos todo lo que se pidió, se hicieron todas las investigaciones. ¿Qué queremos? Justicia, nada más. Queremos que él pague todo el daño que le hizo a mi hija, que lleva 18 meses con crisis horrorosas, no pudo seguir trabajando, se le reabrió la herida con el tema de Monsalve y Valdivia. ¿Qué quiero yo? Que pague”.