Un caso que expone las grietas del gobierno en materia de violencia de género

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a administración del Presidente Gabriel Boric ha hecho de la equidad de género y la lucha contra la violencia hacia las mujeres uno de sus estandartes discursivos. Sin embargo, la realidad demuestra que la brecha entre las palabras y los hechos sigue siendo profunda. El caso de violación que involucra a la Delegación Presidencial Provincial de Ultima Esperanza no sólo expone la desprotección de las víctimas dentro del aparato estatal, sino también una preocupante falta de reacción y compromiso por parte del gobierno. 

La denuncia presentada por una funcionaria en agosto de 2023 contra J.E.M.V., en ese momento jefe de gabinete de la delegación, debió haber encendido todas las alarmas en un gobierno que se autoproclama feminista. No obstante, lo que siguió fue un patrón que ya hemos visto antes: silencio, dilaciones burocráticas y una preocupante falta de acompañamiento a la víctima. 

No fue hasta que la denuncia se hizo pública y el acusado fue formalizado que el gobierno reaccionó con una tibia declaración, repitiendo la ya gastada fórmula de “confiamos en que la justicia hará su trabajo”. Mientras tanto, J.E.M.V. continuó en funciones y recibiendo sueldo por más de un año, mientras la víctima enfrentaba un proceso desgastante sin el respaldo institucional que se le prometió. 

Este caso guarda paralelismos inquietantes con la denuncia contra el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve. En ambos episodios, la respuesta gubernamental fue demorada y cargada de silencios incómodos.

Preocupante es el trascendido de que la desvinculación tardía de J.E.M.V. fue obstaculizada por presiones políticas del Partido Radical. De ser efectivo, nuevamente estaríamos frente a una señal de que los intereses partidistas siguen primando sobre la integridad y la seguridad de las víctimas.

El impacto de este caso no es sólo político. Es un reflejo de lo que enfrentan muchas mujeres en Chile cuando denuncian violencia sexual en sus espacios laborales. Si dentro del propio gobierno una funcionaria no encuentra respaldo al denunciar una violación, ¿qué pueden esperar las miles de víctimas anónimas que no tienen acceso a los círculos de poder?

El Presidente Boric y su administración deben entender que no basta con proclamar principios feministas en discursos y foros internacionales. La credibilidad de un gobierno se mide en cómo actúa cuando estos valores son puestos a prueba en su propia casa.