Corte de Apelaciones ratifica que despidos de dos abogados en la administración del fiscal regional Crisosto fueron injustificados

El Consejo de Defensa del Estado (CDE), representado por el procurador fiscal Claudio Benavides Castillo, presentó un recurso de nulidad ante la Corte de Apelaciones en contra de una sentencia del Juzgado del Trabajo de Punta Arenas que declaró injustificados los despidos de dos funcionarios del Ministerio Público: Mary Geysi Gutiérrez y Marcelo Figueroa Muñoz. Estas desvinculaciones se materializaron en marzo de 2024 por orden del fiscal regional, Cristián Crisosto. La sentencia acogió las demandas de ambos abogados, ordenando al fisco cumplir con las indemnizaciones y el pago de las costas de la causa, lo que ratificó la Corte de Apelaciones en fallo este 10 de febrero.

Para el caso de Mary Gutiérrez, el CDE argumentó que la sentencia tergiversó los motivos del despido, al atribuirlos a un problema de “clima laboral”, cuando el verdadero motivo fue la reorganización de la Unidad de Administración y Finanzas, seperándola de la Unidad de Recursos Humanos. En tanto, para el caso de Figueroa, alegaron que se omitieron hechos relevantes como la falta de especialización en género.

En el primer caso, la Corte confirma que la sentencia analizó correctamente las pruebas y concluyó que el despido se basó en razones que no fueron explicitadas en la comunicación oficial, por tanto, no justifica la desvinculación. Sobre Figueroa, la Corte respaldó la sentencia al considerar que el despido fue desproporcionado, ya que el empleador podría haber solucionado la falta de especialización mediante capacitaciones en lugar del despido. Además, se infringió el principio de buena fe al no informarle previamente de la necesidad de capacitarse.

Como conclusión, la Corte rechazó el recurso de nulidad, confirmando así que la sentencia del Juzgado del Trabajo no incurrió en vicios que justificaran su anulación. Los despidos fueron declarados injustificados y, por ende, el fisco debe cumplir con las indemnizaciones ordenadas. El fallo fue firmado por la ministra Caroline Turner, el ministro suplente Juan Villa Martínez y el fiscal judicial Pablo Miño Barrera.

La sentencia del Juzgado del Trabajo declaró que los despidos fueron injustificados, mientras que la Corte de Apelaciones indicó que dicha decisión de sentencia cumplió con los requisitos de razonamiento y fundamentación, sin incurrir en errores u omisiones que afectaran su validez. La condena implicaba una indemnización superior a los 11 millones de pesos, además del pago de las costas de la causa.