Recurso de protección persigue que familia desalojada abandone construcción levantada sobre la vereda

La semana pasada se vivió un tenso momento cuando personal de la Municipalidad de Punta Arenas se dirigió acompañado de Carabineros hasta el inmueble emplazado en Avenida Castro 0182, en el barrio Chilote, para notificar que la construcción levantada sobre la vereda son ilegales. Como medida adicional, uno de los exdueños de la propiedad desalojada, Manuel Uribe Haro, entabló un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones para asegurar que la familia haga abandono de las inmediaciones en el menor tiempo posible.

La familia de Rosa Sepúlveda cumple ya 10 días desde que fueron “lanzados a la calle” en un procedimiento que conllevó numeroso contingente policial y que no estuvo exento de altercados. Posterior a aquello, levantaron una construcción fuera de la casa donde vivieron por muchos años, a forma de resistencia frente a las acciones que consideran injustas. No obstante, en los tribunales la causa ya fue fallada en las distintas instancias, lo que llevó a materializar la orden de lanzamiento a la calle la semana pasada.

Ante la insistencia de la familia, el exdueño del inmueble, quien lo vendió a la familia Nandwani mientras se resolvía el proceso judicial a un precio más conveniente, interpuso un recurso de protección en contra de Rosa Sepúlveda. Lo primero que se pide es que “haga abandono de las inmediaciones del inmueble y deje de impedir de manera arbitraria e ilegal el ingreso al mismo, permitiéndome hacer pleno uso de las facultades que me concede mi dominio sobre los derechos emanados del contrato de arrendamiento”.

Un segundo punto es que hagan “retiro de las construcciones y alteraciones realizadas al inmueble ocupado” y en tercer lugar “que se decreten todas las medidas” que la Corte estime pertinentes para “restablecer el imperio del derecho”.

Entre los hechos relatados en el recurso, se expone que Sepúlveda “se encuentra ocupando la entrada a la propiedad antes individualizada de forma ilegal y arbitraria, negándose en reiteradas ocasiones a hacer abandono de la misma y rechazando incluso ofrecimientos de celebrar un contrato de arrendamiento para que pudiese hacer uso de ella en forma legítima”.

En ese sentido, apuntan que “su actitud intransigente se ve agravada por el hecho de que está realizando construcciones y alteraciones en el inmueble y repeliendo de forma agresiva, reiterada y violenta cualquier intento de ingresar en la propiedad, lo cual ha imposibilitado el diálogo”. Aquello, apuntan, ha constituido “un grave perjuicio”.

Se pide a la Corte de Apelaciones que los recurridos hagan abandono de las inmediaciones de manera inmediata, “y que se les prohíba acercarse o ingresar al inmueble en el futuro, recurriéndose al auxilio de la fuerza pública en caso de ser necesario”. A su vez, solicitan que desmantelen las construcciones realizadas por ellos y retirar los materiales usados. En caso de que se nieguen, “indemnizar al recurrente el valor que implique la desmantelación y retiro de los materiales”.

Agregan que se pida la orden de no innovar, en el sentido de que mientras se falle el recurso, “se le prohíba acercarse a la propiedad e impedir el ingreso a la misma o efectuar nuevas construcciones o alteraciones en el inmueble materia del recurso, así como amenazar al recurrente”.