Cuando la emergencia no se escucha: la deuda con la comunidad sorda

La reciente activación del protocolo de emergencia por amenaza de tsunami, tras el sismo registrado en el mar de Drake, puso en tensión a gran parte de la población de Magallanes. Pero para la comunidad sorda de Punta Arenas, el miedo fue doble: no sólo por el riesgo del desastre natural, sino por la angustiante falta de información accesible para entender qué estaba ocurriendo y cómo debían actuar.

A pesar de que se enviaron mensajes de texto y alertas a través del sistema de mensajería Sae, las personas sordas quedaron fuera del circuito informativo. Sin intérpretes de lengua de señas en las transmisiones oficiales, sin mecanismos visuales claros en redes sociales, sin orientación presencial ni remota, miles de personas quedaron abandonadas a su suerte en medio de la confusión. La respuesta institucional fue, simplemente, excluyente.

Julie Ann Christie, presidenta de la Agrupación de Sordos de Punta Arenas, lo expresó con crudeza: la comunidad sorda no supo cómo actuar. Y no porque no haya voluntad, sino porque el Estado sigue sin reconocer la accesibilidad informativa como un derecho básico, incluso en momentos de crisis.

La Ley N°20.422 y la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, ratificada por Chile, son claras: el acceso a la información debe ser universal y, en situaciones de emergencia, la obligación es aún más apremiante. Lo vivido por la comunidad sorda es tanto una omisión como una vulneración flagrante de derechos.

El testimonio del intérprete Luis Navarro, quien recibió decenas de llamados de personas sordas pidiendo ayuda para entender lo que ocurría, es un reflejo de una falla estructural. El acceso a información vital no puede depender de la buena voluntad de individuos: debe ser una responsabilidad institucional, planificada y permanente.

Esta no es la primera vez que ocurre. La exclusión de las personas sordas en la comunicación de emergencias se ha repetido una y otra vez, sin que existan avances concretos. Ni la Delegación Presidencial, ni los gobiernos regionales o municipales, ni Senapred, han incorporado de forma sistemática a intérpretes ni herramientas visuales accesibles en sus protocolos.

Es hora de que las autoridades dejen de mirar esta situación como un tema menor o secundario. La reciente emergencia debe ser un punto de inflexión. La inclusión comunicacional no puede seguir siendo un eslogan vacío. Se requieren medidas urgentes y efectivas: intérpretes en todas las comunicaciones oficiales, lenguaje de señas en tiempo real, alertas visuales adaptadas, y una política pública que reconozca la diversidad lingüística y sensorial de nuestra población.