En agosto del año pasado de los 677 alumnos extranjeros que estudiaban en Punta Arenas, 512 estaban irregulares

El lunes último, tras gestiones de la Comisión de Derechos Humanos, Migración y Género del Concejo Municipal de Punta Arenas, expuso ante el pleno del órgano colegiado el director regional del Servicio de Migraciones, Oscar Valenzuela Meza. El personero realizó una clara e informada exposición sobre la situación nacional, regional y local de ciudadanos extranjeros en Chile, entregando cifras y datos a los concejales: 12.216 extranjeros residen en Magallanes, según la estimación de Migraciones al 31 de diciembre de 2023 y 1.137 estarían en situación irregular. Los datos de 2024 se procesarán recién el año venidero.

Comenzó explicando la Política Nacional de Migración y Extranjería, cuyos principales áreas son la gestión interna y el control de fronteras. A su vez, destacó ejes temáticos que desarrolla esta política, comenzando por el desarrollo económico indicando que “una parte importante del crecimiento económico va a pasar por extranjeros”. En esa línea, citó como ejemplo que “en marzo se venció el contrato que tenía Enap con las empresas que perforan los pozos de gas. Hubo que traer 15 profesionales expertos, que son de otra empresa, todos extranjeros y hubo que tramitarles con seriedad su permiso porque no podían entrar y tampoco podían parar la explotación de gas”.

Continuó explicando los tiempos de demora en ciertos tramites del servicio, admitiendo que el recurso humano no da abasto para la cantidad de procesos. “Una residencia temporal se puede demorar hasta un año en su tramitación y una definitiva puede demorarse hasta más de dos años hasta que salga su resolución, lo que no es un tiempo razonable de respuesta del Estado, porque también puede ser negativa”, sostuvo Valenzuela.

Derechos de los niños

Luego el director de Migraciones comenzó a entregar cifras sobre niñas y niños extranjeros del sistema escolar, partiendo con una autocrítica. “Descubrimos que en Magallanes, pero en particular en Punta Arenas, estábamos de alguna manera vulnerando el derecho de los niños”, sostuvo, explicando que el foco de los hallazgos apuntó a regularizar la situación migratoria de los niños.

“Había 925 niños en el sistema escolar a agosto de 2024, pero el drama era que en Punta Arenas 512 de los 677 que estudian estaban irregulares, el 75%”, explicó Valenzuela. A nivel regional, 63,5% de las niñas y niños migrantes no contaban con cédula nacional. “Tenemos problemas con los niños venezolanos porque esos son los que no tienen documentación, que son como 200. Pero los otros 300 y tanto no son venezolanos y tenemos que lograr que el papá, mamá o tutor legal nos acepte ingresar los documentos y podamos dar una residencia temporal a ese niño”.

En ese punto explicó que el niño o niña nunca podrá tener residencia definitiva “si el papá no está regular y no tiene un empleo estable. Sino, sólo le podemos dar temporal hasta que cumpla 18 años”.

Irregulares

La cifra oficial actualizada al 31 de diciembre de 2023 que maneja Migraciones Chile es que en Magallanes figuran 1.137 personas extranjeras en situación irregular, que representa el 0,3% de esta población en el país. “Nosotros tenemos la cifra de irregularidad más baja de Chile. En algunas partes llega hasta el 20% (…) La otra parte buena es que a 1.057 de esas personas logramos empadronarlas biométricamente”. Valenzuela cerró este apartado indicando que “estábamos a la espera de que hubiera un proceso de regularización, pero todo apunta a que eso no va a a ocurrir ahora”.

Reclusos y delitos

En otro capítulo, afimó que según los datos de Gendarmería a mayo de 2025, los presos totales en la Región de Magallanes son 584, de los cuales 84 son extranjeros, “lo que representa un 14% de la población penal”.

En cuanto a los delitos por los que están siendo imputados o fueron condenados, el más recurrente es por droga. Es la situación que enfrentan “42 de estas 84 personas, pero sólo 29 tienen condenas, el resto están imputados. Los otros delitos tienen menor guarismo”.

Seguidamente sostiene que frente a cada extranjero condenado, el servicio está obligado a tener una resolución de expulsión, para lo que pueden comprar pasajes (y dependen de disponibilidad de aviones) o para conseguir un avión chárter. Sin embargo, aquello tiene dificultades. “Tenemos que pillar a la persona, porque puedo dictar una resolución, pero si se esconde es difícil expulsarla. Y que el país donde lo vamos a expulsar me acepte recibirla”.

En cuanto a medidas de expulsiones, Valenzuela expuso los datos de los últimos años, indicando que en 2023 fueron deportados 11 extranjeros, 9 por vía administrativa y 2 por judicial. En 2024, fueron 12, 11 administrativas, 1 judicial y en lo que va de este 2025 se han materializado 6 expulsiones administrativas.