Exseremi de las Culturas enfrenta querella por calumnias tras acusar a funcionario de manipular certificado laboral

Todo comenzó con un error en un documento. Un despiste, una equivocación al transcribir fechas y detalles laborales. Pero lo que parecía un simple trámite administrativo derivó en una investigación sumaria, declaraciones públicas polémicas y, finalmente, una querella por calumnias que hoy tiene en vilo a la exseremi de las Culturas de Magallanes, Carolina Herrera Toro.

En febrero de 2024, Juan Fernando Igor Monje, funcionario de la seremi de las Culturas, postuló a un concurso interno para un cargo mejor remunerado. Entre los requisitos, debía presentar un certificado de experiencia laboral. Lo redactó, lo envió por WhatsApp a la entonces seremi, Carolina Herrera Toro, y ella lo firmó sin observaciones.

Pero había un problema: el documento contenía inconsistencias. Monje asegura que fueron errores involuntarios -”copiar y pegar”, según la investigación posterior-, como fechas equivocadas y una exageración en el número de personas a su cargo. Cuando Herrera Toro se dio cuenta, pidió anular el certificado. Monje admitió los fallos y ofreció corregirlos, pero la comisión rechazó su solicitud, dejándolo fuera del concurso.

El caso no terminó ahí. En agosto de 2024, Monje fue notificado de una investigación sumaria en su contra, ordenada por la Subsecretaría de las Culturas. El motivo: posibles irregularidades en el certificado. Sin embargo, en marzo de 2025, el proceso fue sobreseído. La resolución concluyó que no había intención de engaño y que, además, Monje ni siquiera cumplía con el perfil requerido para el cargo al que postulaba.

La entrevista
que cambió todo

Pero mientras la investigación avanzaba, Herrera Toro dio una entrevista a La Tercera el 31 de marzo del año en curso, en el marco de una denuncia en su contra por Ley Karin. Allí, al ser consultada sobre el caso de Monje, afirmó que “la razón por la que no obtiene el cargo y queda fuera de la convocatoria es porque él presentó un certificado de experiencia laboral manipulado maliciosamente, que no era real. Hay una investigación sumaria en curso, por eso yo remití los antecedentes al nivel central, porque el documento claramente contiene cosas que no son reales.

Esas palabras -”manipulado maliciosamente”- son el corazón de la querella criminal. Monje argumenta que, al momento de la entrevista, Herrera Toro ya sabía que la investigación estaba en curso y que, tras el sobreseimiento, sus declaraciones quedaron como una imputación falsa y pública.

Batalla legal

La querella, presentada ante el Juzgado de Garantía de Punta Arenas, acusa a Herrera Toro de calumnia (artículo 413 del Código Penal), un delito que castiga la imputación falsa. Monje solicita 540 días de reclusión y una multa de 10 UTM en su contra.

Entre las pruebas están los correos donde admite los errores, las capturas de WhatsApp con el envío del certificado, la resolución de sobreseimiento y, por supuesto, la entrevista en La Tercera.

Herrera Toro podría argumentar que sus declaraciones se basaban en lo que creía cierto en ese momento. Pero el hecho de que la investigación posterior, sobreseída el 26 de marzo (5 días antes de la entrevista), desestimara cualquier mala fe de Monje complica su posición.

Mientras, en los pasillos de la seremi de las Culturas de Magallanes, el caso ha generado divisiones. Algunos ven a Monje como un funcionario víctima de una acusación injusta; otros creen que, más allá de los errores, hubo una intención de inflar su currículo.

El Tribunal deberá decidir si las palabras de Herrera Toro fueron una opinión basada en hechos o una imputación temeraria. Mientras tanto, el caso sirve como recordatorio de un viejo dicho: en el mundo laboral -y más en el público-, hasta el error más inocente puede tener consecuencias inesperadas.

Audiencia de conciliación

Luego de ingresada la querella el 2 de junio, dos días más tarde el Juzgado de Garantía de Punta Arenas citó a los intervinientes a una audiencia de conciliación y/o de procedimiento simplificado para el 17 de julio a las 8,30 horas. Se requirió la presencia personal de la querellada, Carolina Herrera.

El Juzgado advierte que la no comparecencia injustificada a la audiencia dará lugar a que sea conducido a este Tribunal por medio de la fuerza pública. Además, quedará obligado al pago de las costas que causare y podrá imponérsele sanciones.