La integración no se grava

La reciente intención del gobernador de Chubut, Ignacio Torres, de imponer una tasa de mantenimiento vial exclusivamente a los camiones chilenos que transitan por la Ruta 40 ha encendido una justa alarma en la región. El anuncio representa una medida de dudosa constitucionalidad a nivel interno y amenaza con quebrantar uno de los pilares de la integración sudamericana: el principio de reciprocidad en el transporte internacional terrestre.

Desde Chile, la respuesta no tardó en llegar. El senador Alejandro Kusanovic, presidente de la Comisión de Transportes del Senado, fue claro y categórico al recordar que tanto Argentina como Chile -junto a otros cinco países de la región- son signatarios del Acuerdo sobre Transporte Internacional Terrestre (ATIT), tratado que prohíbe expresamente cualquier tipo de trato discriminatorio entre las partes. Este acuerdo consagra el principio de igualdad de condiciones para el transporte internacional y vela por el respeto mutuo en el uso de las infraestructuras viales compartidas.

Pretender cobrar una tasa exclusiva a camiones de una sola nacionalidad no sólo infringe dicho tratado, sino que pone en riesgo la estabilidad y continuidad de un sistema logístico regional complejo, interdependiente y, sobre todo, basado en la buena fe entre los Estados. Más allá de la legalidad, la propuesta del gobernador Torres resucita tensiones históricas y discursos nacionalistas que poco aportan al desarrollo conjunto. No se puede ignorar que medidas similares fueron adoptadas por el régimen militar argentino en 1978, en el contexto de una crisis diplomática con Chile. ¿Queremos realmente retroceder a esos tiempos?

Los datos expuestos por el senador Kusanovic también revelan la asimetría actual en el uso de las rutas. En 2023, la carga chilena que transitó por la Ruta 40 ascendió a 271 millones de kilos. En contraste, más de 1.427 millones de kilos de carga transitaron por rutas chilenas, con un 95% atribuible a transporte argentino. ¿Dónde está, entonces, el supuesto perjuicio? Lejos de beneficiar a Chubut, una medida unilateral como la que se plantea podría desencadenar una represalia diplomática y comercial, cerrando rutas clave o imponiendo tasas recíprocas que perjudiquen a los propios transportistas argentinos.

La solución no puede ser gravar al otro, sino cooperar. Si existe un problema real de mantenimiento vial, el camino adecuado es el diálogo bilateral y el fortalecimiento de los mecanismos multilaterales previstos en los tratados vigentes. La integración no se construye con barreras, sino con puentes.

La decisión ahora está en manos del gobierno nacional argentino y de su diplomacia. Pero también es una llamada de atención para todos los países de la región: la integración es frágil si se convierte en rehén de intereses provinciales o discursos de corto plazo. Es necesario defender con firmeza los compromisos asumidos y recordar que, en América del Sur, o transitamos juntos, o nos detenemos por separado.