Adopción en Magallanes

En Magallanes, siete familias están a un paso de convertirse en hogar gracias a una ley que busca agilizar procesos y reducir años de espera. Tres niños ya se encuentran en condiciones de ser declarados “adoptables”, una señal inequívoca de que el nuevo enfoque -centrado en derechos, tiempos justos y sistematización judicial- está comenzando a rendir frutos.

Tras una década en trámite legislativo, y con más de 400 indicaciones estudiadas, esta reforma apunta a consolidar un sistema más eficiente y humano. Entre sus principales beneficios destaca la reducción drástica de tiempos (los procedimientos, hoy de hasta 8 años, podrían acotarse a un máximo de 12 meses para definir la “adoptabilidad” de un menor). También está el derecho a vivir en familia antes que en instituciones (el proyecto refuerza la subsidiariedad y crea etapas concretas para intentar la reunificación antes de optar por la adopción). Finalmente, se consagra la garantía de escucha y origen, al establecerse el derecho del niño a ser oído y a conocer sus raíces, tanto en experiencias adoptivas nacionales como internacionales.

Estas pausas estructurales no sólo benefician a los adoptantes, sino que representan una reparación para cientos de niños que llevan años en espera. Tener una familia no debería ser un privilegio concedido después de un proceso burocrático, sino un derecho básico para quienes más lo necesitan.

Sin embargo, las cifras y avances legislativos no deben ser un cheque en blanco. El sistema aún arrastra ineficiencias e incluso casos de adopciones irregulares y procesos viciados -como los recientemente visibilizados en Magallanes- que revelan que hay zonas donde el entramado judicial y el sistema de protección se desajustan y vulneran derechos fundamentales.

Por eso, es necesario que más allá de las leyes -necesarias, urgentes, humanas- se concreten protocolos efectivos, dotados de recursos y supervisión transparente. La homogeneización de procesos en tribunales -como propone la reforma- es positiva, pero requiere que jueces, fiscales y servicios sociales estén formados y comprometidos con priorizar siempre el interés superior del niño.

Magallanes da un paso alentador. Siete familias esperan formación definitiva para acoger a niños que hoy viven en la incertidumbre. El Estado debe acompañar ese avance, con estructuras sólidas y sin sobras burocráticas que puedan prolongar el desarraigo de menores indefinidamente.

La adopción es más que un trámite: es la oportunidad de construir un hogar donde hubo abandono. Cada ley reformada y cada niño en espera representan una promesa de reparación profunda. Que esta ley se transforme en práctica efectiva en cada rincón del país.