“Hay cerca de 800 mil personas que trabajan en empresas formales pero no cotizan”

• Sostuvo que ahora también se podrán usar fondos individuales de cesantía para pagar cotizaciones durante el desempleo.

En una agenda que incluyó visitas a Puerto Natales y Punta Arenas, el subsecretario de Previsión Social, Claudio Reyes Barrientos, desplegó diversas actividades orientadas a socializar los beneficios de la reforma previsional. “El propósito de estas visitas es conversar sobre una reforma que busca mejorar las pensiones actuales y futuras, reducir las inequidades de género, incorporar más competencia al sistema y asegurar mayor eficiencia y transparencia”, sostiene.

Recordó que el nuevo sistema de pensiones tomó más de una década de intentos fallidos y años de tramitación legislativa para alcanzar un acuerdo. “Muchos dicen que fue una reforma apresurada, pero llevábamos más de 10 años sin lograr avanzar. Lo que se logró no es lo que todos hubiéramos querido, pero es una reforma que era posible lograr, dadas las condiciones de un gobierno que no tiene mayoría, ni en la Cámara de Diputados, ni en el Senado”, afirmó.

Entre los anuncios concretos, Reyes confirmó que a partir de septiembre las personas mayores de 82 años verán incrementada su Pensión Garantizada Universal (PGU) a $250.000. En tanto, desde enero de 2026 se comenzarán a pagar los bonos por años cotizados, que beneficiarán especialmente a quienes tengan más de 20 años de cotizaciones (hombres) o más de 10 (mujeres). “Además, las mujeres recibirán un bono adicional, precisamente para reducir la brecha de género provocada por su mayor expectativa de vida”.

Nuevos actores y reglas

El subsecretario también abordó los cambios en la institucionalidad del sistema, destacando la entrada de nuevos actores como cooperativas de ahorro y crédito, cajas de compensación y agencias de fondos que no sean filiales bancarias, quienes podrán competir en la administración de fondos previsionales. “Se trata de ampliar el abanico de opciones, disminuir las comisiones y generar una mayor competencia. El IPS jugará un rol clave entregando soporte operativo a estos nuevos actores”.

Además, se establecerá un sistema de “premios y castigos” para las AFP: aquellas que superen una rentabilidad de referencia recibirán incentivos, mientras que las que estén por debajo deberán compensar a los afiliados con su propio patrimonio.

Seguro Lagunas
y centralización
de la cobranza

Claudio Reyes también explicó el nuevo “Seguro Lagunas”, vigente desde mayo, que permite financiar cotizaciones previsionales con recursos del fondo individual de cesantía en caso de desempleo. Esta medida busca evitar interrupciones en las trayectorias laborales que puedan afectar negativamente las futuras pensiones.

Frente a la pregunta, qué ocurre cuando se produce una laguna previsional pero la persona está empleada. En este caso corresponde aplicar fiscalización y sanciones. Sin embargo, para mejorar este proceso, se está implementando la centralización de la cobranza. La Tesorería General de la República se encargará de la cobranza prejudicial, mientras que la judicial se unificará en un solo proceso, evitando que los empleadores deban enfrentar múltiples demandas simultáneas ante distintas AFP.

En cuanto a la deuda previsional, el subsecretario planteó que la misma se estima en más de 20 mil millones de dólares a nivel nacional, gran parte de ella incobrable. Para enfrentar esta situación, anunció que la cobranza se centralizará: la Tesorería General de la República se hará cargo de la cobranza prejudicial y se concentrará la judicial en una sola instancia, lo que facilitará la regularización de empleadores morosos.

Magallanes: región envejecida y con
desafíos adicionales

Consultado por la situación en Magallanes, reconoció que la región enfrenta un fuerte envejecimiento poblacional, uno de los más acelerados del país. A ello se suma la baja natalidad y una creciente necesidad de fortalecer la base de trabajadores activos. “Vamos a necesitar mirar la migración desde un enfoque más estratégico. Chile tiene desafíos en sectores como el hidrógeno verde, la agricultura y la construcción, y no hay suficiente mano de obra disponible. Debemos deponer ideologías y construir una estrategia de Estado”.

También hizo hincapié en los efectos de la informalidad laboral. “Hay cerca de 800 mil personas que trabajan en empresas formales pero no cotizan. Ese empleador está incumpliendo y eso daña directamente a los trabajadores. Estamos fortaleciendo la fiscalización y ya se observa una baja en la informalidad, que llegó al 25% según el Ine”.

Pensiones por sobre
la línea de la pobreza

Reyes manifestó que la PGU de $250.000 permitirá que ninguna persona mayor quede bajo la línea de la pobreza, pero alcanzar el equivalente al sueldo mínimo requeriría más recursos fiscales. “Sin reforma tributaria, eso no es viable en el corto plazo. Además, hay estudios que muestran que una pensión garantizada demasiado alta podría desincentivar la cotización. Por eso hay que seguir fortaleciendo los mecanismos que premian el esfuerzo de cotizar”.

Finalmente, reflexionó sobre la vulnerabilidad de las personas mayores, muchas de las cuales, pese a haber trabajado toda su vida, enfrentan dificultades para cubrir necesidades básicas. “Con la reforma, una mujer con más de 20 años cotizados podría recibir un bono de hasta $100.000 adicionales, lo que se suma a la PGU. Esto puede marcar una diferencia significativa en su calidad de vida”, concluyó.