Hablando de política y de religión

En algunos ambientes se considera inapropiado hablar de política o de religión y, a veces, se vuelve como una declaración de principios de tolerancia, diciendo “nosotros no hablamos ni de política ni de religión”, porque a la luz de la historia, son opciones que generan conflictos entre las personas y grupos. En realidad, así ha sido muchas veces, pero también hay significativos ejemplos contrarios.

A veces no nos damos cuenta que hay prejuicios que se transforman en normas de conducta, y así se piensa que es mejor evitar el diálogo sobre algunos temas. Por cierto, cuando las personas no saben dialogar, cualquier tipo de temas -deportivos, gastronómicos, musicales, artísticos, etc., y también la política y la religión- pueden ser causa de polémicas o conflictos. El problema está en la capacidad de dialogar y no en los temas que se trate; es decir, escuchando, acogiendo al otro, respetando las diferencias, valorando los puntos de encuentro, es posible dialogar sobre cualquier tema, caminar juntos en los acuerdos y en el respeto de las diferencias.

Un ejemplo muy significativo lo dieron hace un par de semanas, el 26 de septiembre, las confesiones religiosas presentes en nuestro país, expresando en una declaración conjunta, su rechazo al proyecto de ley de eutanasia que se tramita en el Congreso. La declaración la firman los representantes de la Iglesia Católica, la Iglesia Ortodoxa, las diversas instancias que agrupan a las Iglesias Evangélicas y Protestantes, la Comunidad Judía y la Comunidad Musulmana, las cuales convocan según el censo de 2024 a casi el 75% de la población del país.

Son comunidades de creyentes que, por cierto, tienen diferencias, y algunas de esas diferencias son de fondo, pero son comunidades que dialogan y no tienen problemas para estar de acuerdo en algo tan fundamental como es la defensa de la vida humana.

La declaración señala que “la vida humana es sagrada e inviolable en todas sus etapas” y, por tanto, “cualquier intento para legalizar la eutanasia vulnera derechos humanos esenciales y contradice la tradición judeocristiana, así como los valores éticos compartidos por nuestras creencias. No somos dueños de la vida; somos custodios de un don sagrado que debe ser protegido hasta su fin natural”. Por eso, “cualquier forma de eutanasia es asesinato y contrario a la dignidad humana y al respeto a Dios, el Creador”, citando el mandamiento bíblico “No matarás”.

Cuando se trata de argumentos que se fundan en la fe, éstos tienen sentido y valor para los creyentes; sin embargo, hay razones que no son de orden religioso, sino que también se trata de asuntos éticos fundamentales que se refieren a la dignidad de la vida humana y que están consagrados en la Constitución chilena.

Señalan que una eventual legalización de la eutanasia es una expresión de la “cultura del descarte”, por la cual se genera vulnerabilidad e inseguridad en las personas mayores y en quienes padecen enfermedades graves y terminales, así como en su entorno familiar, “reforzando la idea de que son una carga, lo que resulta contrario a la dignidad y al derecho de todos a recibir los cuidados necesarios para que la muerte sea digna”.

Así mismo, dicen que “aun cuando la misma persona pudiera estimar legítimo disponer de su vida pidiendo que se le ponga término, ese acto es éticamente discutible pues tiene siempre una significación y repercusión social y familiar, pudiendo incluso vulnerar los derechos de terceras personas”; es decir, aun en ese caso es algo que requiere ser reflexionado en todas sus consecuencias y dialogado sin las prisas de una urgencia legislativa.

Por eso, las confesiones religiosas “exhortan al Parlamento chileno a rechazar cualquier iniciativa que legalice la eutanasia o el suicidio asistido, pues consideran que tales leyes contradicen los principios de dignidad humana consagrados en la Constitución y los Derechos Humanos, además de la doctrina ética de nuestras convicciones religiosas. […], y apelamos a la razón, la fe y la compasión para guiar la decisión legislativa”. Señalan que se trata, más bien, de desarrollar una ley integral de cuidados paliativos, en que los recursos del Estado se utilicen en cumplir el artículo 19,9 de la Constitución, que dice: “el Estado garantiza la seguridad social y la salud, y la protección de la vida y la integridad física y moral de las personas”.

En este complejo tema en que se juega la dignidad de la vida humana, la dignidad de la conciencia de cada persona, el rol del Estado de cuidar la vida de todos los ciudadanos y legislar en bien de todos, se pone de manifiesto que es muy necesario reflexionar juntos y aprender a dialogar en búsqueda de acuerdos y en el respeto de las diferencias, y hacerlo sobre cualquier tema, también sobre religión y política, para definir adecuadamente los conceptos y discernir las diversas situaciones.