Sumarios en el Servicio de Salud

El caso de los casi 600 funcionarios de la red asistencial de Magallanes que habrían salido del país durante el uso de licencia médica remueve las fibras más sensibles de la confianza ciudadana en el sistema público de salud. La cifra resulta, en cierta medida, escandalosa, pues no se trata de una irregularidad aislada, sino de un patrón que, según constató la Contraloría, afecta a médicos, especialistas, técnicos y administrativos. Todos, sin excepción, serán sometidos a procesos disciplinarios.

La directora del Servicio de Salud Magallanes, Verónica Yáñez, ha sido categórica: no habrá privilegios ni tratos diferenciados. “Tenemos conciencia de que se puede tratar de especialistas únicos, pero aún así tienen responsabilidad administrativa frente a un hecho que es una falta ante el estatuto administrativo”, afirmó. Su mensaje es crucial, porque reconoce una tensión real, pues, en una región donde escasean especialistas, y donde muchas veces la continuidad de una atención depende de una sola persona, la tentación de relativizar la sanción podría ser fuerte. Sin embargo, en un Estado de derecho no cabe relativizar lo que constituye una falta grave.

El proceso será largo y complejo. Requerirá, como se anunció, la dedicación exclusiva del Departamento Jurídico del SSM para evaluar caso a caso, escuchar descargos y analizar atenuantes. Habrá funcionarios que probablemente aleguen desconocimiento o razones personales de fuerza mayor. Pero más allá de lo que resuelva la vista fiscal, lo que está en juego es la credibilidad de la red asistencial y del propio sistema público.

La comunidad tiene derecho a exigir que quienes trabajan en el sistema de salud se rijan por la misma normativa que cualquier servidor público. Porque no se trata sólo de un asunto administrativo: cada día de ausencia mal justificada es un día en que pacientes -ya postergados por listas de espera o la falta de especialistas- ven afectada su atención. La falta, por tanto, no es abstracta ni menor: repercute directamente en la salud y la vida de los magallánicos.

Este episodio también plantea una lección de fondo. La ética pública no se construye únicamente con sanciones, sino con el compromiso personal de cada funcionario. Cuidar el prestigio y la integridad del sistema de salud es responsabilidad compartida, sobre todo en una región donde la distancia y la escasez de recursos vuelven aún más valioso cada gesto de responsabilidad.

La decisión de centralizar y transparentar este proceso es un paso indispensable. Lo que sigue es garantizar que las sanciones se apliquen con rigor y proporcionalidad, sin excepciones ni privilegios. Sólo así se podrá comenzar a recomponer la confianza en un sistema que hoy, más que nunca, necesita credibilidad y rectitud.