Gremios de la Umag exigen transparencia, responsabilidades y auditorías ante graves hechos en administración del rector Maripani
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Demandan al Consejo Superior investigar y ejercer sus atribuciones frente a lo que califican como una crisis de probidad institucional.
Las asociaciones gremiales de la Universidad de Magallanes (Araumag-académicos, Afum- funcionarios y Aprotec- técnicos y profesionales) alzaron la voz ante lo que califican como una “crisis de transparencia y liderazgo” en la administración del rector José Maripani. A través de una declaración pública, manifestaron su “profunda preocupación” por los recientes hechos denunciados en la prensa regional, que a su juicio “ponen en riesgo la integridad institucional”.
El pronunciamiento se produce tras una serie de publicaciones de La Prensa Austral que, en menos de dos semanas, revelaron casos judiciales y administrativos de gran gravedad. El primero de ellos, informando que la directora del Cadi-Umag, Karena Espinoza Saavedra, interpuso una querella criminal por falsificación de instrumento privado y prevaricación de funcionario público, luego de constatar que durante su suspensión preventiva se habrían emitido informes clínicos con su firma digital sin su consentimiento.
Según las asociaciones, este hecho “pone en riesgo la legalidad, la probidad administrativa y la validez de los informes clínicos emitidos por el laboratorio universitario” y escaló a tal punto que la presidenta nacional del Colegio de Tecnólogos Médicos de Chile, Teresa Pino Collipal, subrayó la gravedad de la denuncia, señalando que “el uso de la firma de un profesional sin su autorización constituye una ilegalidad y un ejercicio indebido de la profesión”, y calificó la situación como “errores gravísimos para la salud de la población”.
A ello se suma el fallo del Juzgado del Trabajo de Punta Arenas que, el 2 de octubre, acogió parcialmente la demanda presentada por la doctora Lidia Amarales Osorio contra la Universidad de Magallanes. El juez Cristián Armijo Silva determinó que la institución vulneró la garantía de indemnidad laboral y la condenó al pago de $35.457.216.
Para los gremios, ambos casos reflejan un deterioro preocupante en la conducción institucional. “Nos preocupa que, en el contexto actual de reestructuración y ajuste presupuestario, estas decisiones evidencien serias vulneraciones a los principios institucionales, dañen la imagen pública de la Universidad y generen perjuicios económicos para la institución”, señalan en la declaración.
Agregan que sólo la indemnización ordenada en el caso de la doctora Amarales “equivale al sueldo de al menos tres académicos, cinco profesionales o nueve funcionarios administrativos que serán desvinculados”. Sobre la querella de la directora del Cadi, advirtieron que aún se desconoce el impacto económico y jurídico que podría tener para la institución.
Las asociaciones denunciaron además “la ausencia de autocrítica y la negativa persistente del rector a asumir responsabilidades ni instruir investigaciones internas que permitan esclarecer los hechos”, aludiendo a una entrevista concedida a El Magallanes el pasado 17 de agosto, José Maripani.
En su nueva declaración, los gremios alertaron que esa misma falta de autocrítica se replica en el proceso de reestructuración impulsado por la rectoría, acusando un “nivel de inequidad que contraviene los principios de toda institución pública: se niega a investigar responsabilidades y protege a quienes ocupan cargos de confianza, aun sin evaluar si cumplen con los mínimos exigidos dentro de los criterios que se aplicarán a quienes serán desvinculados”.
En este contexto, demandan al Consejo Superior ejercer las atribuciones que le confiere el artículo 18 de los estatutos universitarios, en especial las referidas a resguardar el buen uso de los recursos y ordenar auditorías internas. También pidieron analizar si la rectoría ha incurrido en las causales de remoción establecidas en el artículo 25, por “notable abandono de deberes” y por “comportamientos que afecten gravemente el prestigio de la Universidad”.




