“Decepcionante y liviana”: dirigente pesquero critica declaraciones de seremi de Economía por colusión de la centolla

Una fuerte crítica dirigió el dirigente pesquero José Hernández Villarroel contra la seremi de Economía de Magallanes, Marlene España, por sus declaraciones respecto a la investigación por presunta colusión en el mercado de la centolla que lleva adelante la Fiscalía Nacional Económica (FNE). En una carta de respuesta, Hernández tachó de “decepcionante y liviana” la postura de la autoridad, argumentando que su relato “no respalda la transparencia y elude expresar la necesidad de mejorar la vida de los pescadores y sus familias”.

La reacción de Hernández, quien presentó la denuncia inicial que destapó la investigación de la FNE, se produce luego de que la seremi, en declaraciones recogidas por este medio en el último Pulso Económico, explicara que el proceso judicial por el caso podría demorar hasta cuatro años en llegar a una sentencia y sanción. Además, España señaló que, hasta entonces, las empresas acusadas mantendrían los beneficios tributarios de la Ley Navarino, ya que estos sólo se suspenden por afectaciones medioambientales, no por este tipo de causas.

Uno de los puntos que generó mayor rechazo en Hernández fue la mención de la seremi sobre el riesgo de quiebra que enfrentarían las empresas si se aplicaran las multas propuestas por la FNE en su estado actual. “Mostrar sólo preocupación por las posibles ‘quiebras’ de las empresas y proponer ‘arreglos’ extrajudiciales, sin que se determine por parte de los pescadores afectados socialmente los caminos a seguir (…) es una actitud temeraria”, afirmó el asesor.

Agregó que esta postura “no se condice con el mensaje ‘dejemos que opere la institucionalidad’” que, a su juicio, la autoridad esgrime de manera contradictoria.

En la nota original publicada el pasado sábado, la seremi Marlene España detalló la complejidad del proceso. Enfatizó que, mientras no haya una sanción firme de la FNE -lo que podría tomar años- , es muy difícil probar el ilícito y, por lo tanto, las empresas continúan operando con normalidad y accediendo a los beneficios de la Ley Navarino.

España también aclaró que su cartera no puede intervenir en “acuerdos de precios entre privados”, y que los mecanismos de préstamos y anticipos entre empresas y pescadores, cuestionados por el Sindicato de Pescadores de Barranco Amarillo, se enmarcan en la norma y surgieron históricamente por “deudas incobrables”.

Hernández finalizó su carta haciendo un llamado a no normalizar la falta de “probidad y ética empresarial”. Cualquier intento de “justificar un delito económico tan grave merece el más profundo rechazo por parte de la dirigencia de la pesca y de la comunidad”, concluyó.

El caso de colusión de precios en la centolla, cuyas exportaciones superaron los US$77 millones en 2024, según ProChile, sigue así en la mira, no sólo por la investigación en curso, sino también por el debate público sobre el rol de las autoridades frente a los afectados.