Las nuevas mordazas a la prensa

El XXXIII Encuentro de Diarios Regionales, que tuvo a Torres del Paine como sede, dejó en evidencia un diagnóstico inquietante: el periodismo chileno enfrenta una tormenta que amenaza los cimientos mismos de la libertad de expresión. No se trata sólo de agresiones físicas o acoso digital a periodistas, sino de un entramado más sutil -y, por ello, más peligroso- de leyes, resoluciones judiciales y prácticas institucionales que buscan restringir el derecho de la ciudadanía a estar informada.

En sus diversas formas, resurgen cada cierto tiempo iniciativas legales disfrazadas de protección de datos, de orden público o de resguardo de la honra, pero su efecto real es el mismo: silenciar. 

La inclusión de los medios en la Ley del Lobby, la discusión de proyectos que pretenden sancionar la publicación de filtraciones o limitar la cobertura de procesos judiciales, y las crecientes restricciones impuestas por tribunales bajo el pretexto del principio de inocencia, conforman un cuadro de retroceso democrático.

De hecho, actualmente se tramita en el Senado una iniciativa que ha sido motejada como “ley mordaza”, la cual ha concitado un amplio rechazo pues pone en riesgo la libertad de prensa al establecer que los periodistas pueden caer en prisión en casos de filtraciones de procesos penales.

La prensa cumple una función pública que trasciende a los medios mismos, pues es el canal a través del cual la sociedad ejerce su derecho a fiscalizar el poder. 

hostigamientos y violencia. 

El reciente informe de Reporteros Sin Fronteras, que ubica a Chile en una de sus peores posiciones históricas en el ranking mundial de libertad de prensa, es un llamado de alerta que no puede ser ignorado. Tal como advierte el documento, “el periodismo de investigación pierde terreno y las agresiones se multiplican, mientras los procesos judiciales se convierten en una estrategia recurrente para silenciar”. Cuando la justicia se utiliza para intimidar, cuando las leyes se diseñan para controlar el flujo informativo, y cuando el Estado no reacciona con firmeza, se erosiona la democracia.

Es justo reconocer que, en algunas ocasiones, el Congreso ha sabido escuchar las advertencias de la prensa y ha frenado intentos de censura encubierta. Pero la defensa de la libertad de expresión no puede depender de mayorías circunstanciales. Debe ser una política de Estado, sostenida, coherente y respaldada por todos los poderes públicos.

En Magallanes, ha ido en aumento la presentación de recursos de protección en contra de los medios de prensa, buscando limitar la entrega de información  so pretexto de defender libertades y derechos individuales. Igualmente, han emanado resoluciones judiciales prohibiendo informar sobre determinados casos o grupos sociales amparándose de sus  vulnerabilidades.

El periodismo no necesita privilegios, sino garantías efectivas para cumplir su deber con la sociedad. A diferencia de otros actores, los medios no buscan influir en la ley para proteger intereses privados, sino para resguardar el derecho colectivo de los ciudadanos a saber. Por eso, en tiempos en que la información se convierte en campo de disputa y la desinformación gana terreno, cualquier intento de limitar la prensa -sea desde un tribunal, un ministerio o un proyecto de ley- debe ser enfrentado con la misma claridad con que se enfrentan los ataques a las libertades esenciales.