Magallanes frente al narcotráfico

Hace poco más de veinte años, los decomisos de droga en Magallanes se medían en gramos y se trataban casi como una rareza delictual. Eran casos aislados, generalmente ligados al consumo de marihuana, y la cocaína parecía un fenómeno remoto, propio de las grandes ciudades del norte o del centro del país. Pero el paso del tiempo ha pulverizado esa sensación de lejanía. Hoy, las cifras hablan de una región donde el narcotráfico ya se instaló con fuerza y organización.

Solo entre enero y octubre de este año, la Policía de Investigaciones ha incautado más de 40 kilos de distintas drogas, la mayoría clorhidrato de cocaína. Si sumamos los decomisos del año anterior, el total supera los 100 kilos de sustancias ilícitas retiradas de circulación en menos de dos años. Es una magnitud inédita, que evidencia no solo el trabajo policial y de fiscalía, sino también la magnitud del problema que enfrenta la zona más austral del país.

Detrás de cada kilo incautado hay redes que se adaptan, se diversifican y operan con niveles de sofisticación que hace una década resultaban impensables: sistemas indoor de cultivo, tráfico coordinado por redes sociales, armas de fuego y dinero en efectivo. Casos como la “Operación Subterra”, donde se descubrió un punto de cultivo subterráneo en pleno centro de Punta Arenas, o el reciente operativo en el Loteo Varillas, son apenas la punta visible de un fenómeno que avanza desde lo estructural. La droga se ha vuelto parte de la economía informal, de los riesgos urbanos y, sobre todo, del miedo cotidiano.

La respuesta institucional ha sido sólida. La labor de la Brigada Antinarcóticos y Contra el Crimen Organizado (Brianco) y del Modelo Territorial Cero (MT-0) -con equipos en Punta Arenas y Puerto Natales- ha permitido desarticular focos de microtráfico y cortar canales de distribución. El trabajo conjunto con la fiscalía y las denuncias anónimas de la comunidad han demostrado que la inteligencia y la cooperación son las armas más efectivas frente al narcotráfico. Pero la sola represión policial no basta.

El crecimiento de este fenómeno interpela a toda la sociedad magallánica. Si los traficantes logran operar con éxito, es porque existe una demanda estable, una red de consumo que se reproduce silenciosamente en barrios, fiestas y entornos juveniles. Las adicciones, la falta de oportunidades y el aislamiento territorial crean el caldo de cultivo perfecto para que la droga no solo llegue, sino que se quede.

Magallanes ya no puede mirarse como una excepción geográfica. El tráfico de drogas no es solo un delito. Es un síntoma de fractura social, de vulnerabilidad, de ausencias institucionales y comunitarias. La lucha contra este flagelo requiere mucho más que decomisos o estadísticas alentadoras. Exige prevención real, educación temprana, espacios de tratamiento accesibles y un compromiso político y ciudadano sostenido.

Detrás de cada cifra hay vidas que se pierden, familias que se destruyen y comunidades que se debilitan. En una región acostumbrada a sobrevivir al aislamiento, la peor derrota sería acostumbrarse también a convivir con el narcotráfico.