¿Prescindir del presupuesto social?

En tiempos en que las prioridades fiscales parecen imponerse sobre las sociales, la reciente decisión de la Subcomisión Mixta de Presupuesto de rechazar la partida del Ministerio de Desarrollo Social fue recibida con alivio -y con razón- por los funcionarios del área en Magallanes. Lo que está en juego, como bien lo señalaron desde la Asociación de Funcionarios del Ministerio de Desarrollo Social y Familia (Asofumi), es la continuidad de un sistema de protección que sostiene los cimientos de la cohesión social del país.

Durante las últimas semanas, los trabajadores de esta cartera en la región se movilizaron con un mensaje claro. Plantearon que recortar recursos en Desarrollo Social es debilitar la capacidad del Estado para acompañar a los sectores más vulnerables, aquellos que no pueden esperar ni un mes ni un trimestre por una decisión presupuestaria. En Magallanes, esa decisión se traduce en consecuencias concretas: atención a madres que requieren apoyo en la crianza, a niños que participan en programas de prevención y a adultos mayores que dependen del acompañamiento estatal para no quedar en el abandono.

El rechazo de la partida, aunque pueda sonar a parálisis, representa en realidad un llamado de alerta. Es un gesto político que busca impedir que la austeridad se imponga a costa de los derechos sociales. Sabido es que siempre este tipo de recursos falta y que hay muchos programas que año a año sobreviven a fuerza de empeño y funcionarios comprometidos. Por ello, pensar en recortes a estos recursos implica desde ya hipotecar proyectos comunitarios en marcha y vidas que dependen del buen funcionamiento de los programas públicos.

Evelyn Córdova, presidenta regional de Asofumi, esclareció que lo que está en juego aquí no es sólo el presupuesto, sino la continuidad de un sistema de protección social que garantiza que el Estado llegue con calidad, oportunidad y dignidad a las personas. Ese énfasis en la dignidad- tan ausente en muchas decisiones administrativas- recuerda que la política pública no puede reducirse a balances contables.

La movilización de los trabajadores de Desarrollo Social en Punta Arenas no sólo reivindica sus funciones, sino que defiende el sentido mismo del Estado como garante de derechos, una noción que en regiones extremas como Magallanes adquiere mayor relevancia. Aquí, donde las distancias son largas y los costos de vida elevados, la acción pública es muchas veces el único soporte ante la vulnerabilidad.

Por eso, este episodio debería servir de lección para las autoridades económicas y políticas del país respecto de que los programas sociales no son prescindibles. Son el tejido invisible que evita que la desigualdad se transforme en fractura social.