¿Recursos extraviados en Natales?

La situación que enfrenta la municipalidad de Natales respecto a los $240 millones que deben ser devueltos a la Dirección de Educación Pública (Dep) revela, una vez más, el profundo deterioro institucional heredado de gestiones municipales marcadas por la falta de control, transparencia y responsabilidad. Lo que debía ser una inversión concreta en el mejoramiento de las escuelas Juan Ladrillero y Dorotea terminó convertido en un nuevo capítulo de confusión financiera, sin trazabilidad clara y con un uso irregular de fondos públicos que ahora amenaza con traducirse en una pérdida definitiva para la comuna.

Los recursos, según los antecedentes judiciales, habrían sido utilizados para pagar sueldos del personal de la Corporación Municipal de Natales (Cormunat), desviando su finalidad y vulnerando los convenios firmados con el Estado. No es un error administrativo. Es un incumplimiento contractual grave, que afecta no sólo la credibilidad de las instituciones locales, sino también a los cientos de estudiantes que esperaban mejoras en sus establecimientos. La autodenuncia presentada por la administración anterior y la querella impulsada por el municipio actual dan cuenta de un problema estructural, dado por la normalización del desorden contable y la opacidad en la gestión educativa comunal.

El caso de Natales no es una excepción, sino el reflejo de una práctica extendida en muchas corporaciones municipales del país, donde los fondos sectoriales -especialmente los de la educación- han sido usados históricamente como salvavidas financieros. Lo advertía el concejal Ricardo Urtubia al señalar que este tipo de desvíos no es nuevo y que se arrastra desde hace décadas. La diferencia es que hoy la ciudadanía exige rendición de cuentas y la Dep, con mayor firmeza, empieza a exigir la devolución de los recursos cuando se incumplen los convenios.

Frente a este panorama, la alcaldesa Ana Mayorga enfrenta una disyuntiva compleja, cual es responder por obligaciones heredadas que hoy presionan las finanzas municipales, pero también establecer un nuevo estándar de transparencia. Su decisión de reconocer públicamente la gravedad del asunto y de evaluar responsabilidades es un paso necesario, aunque insuficiente. La recuperación de la confianza pública requiere acciones concretas, dadas por auditorías externas, sanciones ejemplares y la publicación detallada del destino de cada peso transferido.

El verdadero daño no se mide sólo en millones de pesos, sino en la pérdida de oportunidades para una comunidad que sigue pagando las consecuencias de gestiones irresponsables.