“La gravedad de lo denunciado supera lo tolerable en un sistema que administra recursos públicos”

“La gravedad de lo denunciado supera lo tolerable en un sistema que administra recursos públicos y afecta directamente la estabilidad laboral de trabajadores de la educación”. Esta es parte de la declaración formulada por el directorio regional del Colegio de Profesores ante las denuncias que apuntan a presuntas irregularidades dentro del Servicio Local de Educación Pública, expuestas en un reportaje de la última edición de El Magallanes.

Las denuncias incluyen simulaciones de remuneraciones, mecanismos de contratación cuestionados y vulneraciones a principios de probidad y transparencia que, a su juicio, deben regir a toda entidad pública. “Estas denuncias no pueden minimizarse. Lo que se ha expuesto constituye un cuadro que, de confirmarse, afecta profundamente la confianza en el sistema, compromete derechos laborales y daña la credibilidad del proceso de instalación de la nueva educación pública en Magallanes”.

Por esta razón demandan que la Contraloría General de la República otorgue carácter prioritario a las indagaciones en curso, dado que los hechos mencionados involucran recursos fiscales y mecanismos administrativos que inciden directamente en la estabilidad de las comunidades escolares. “Todas las responsabilidades deben ser determinadas, sin importar jerarquía, institución o cargo”.

Piden investigar a la Dirección de Educación Pública

En su declaración, el Magisterio planteó que los actores vinculados al Servicio Local de Educación Pública de Magallanes, a la Dirección de Educación Pública o incluso al Ministerio de Educación deben ser investigados bajo el mismo nivel de exigencia, enfatizando que, de comprobarse irregularidades, las sanciones deben ser “ajustadas estrictamente a la ley, sin importar el rango, el nivel jerárquico o la cercanía política de los involucrados”. Agrega que la educación pública no puede ser gestionada mediante prácticas que contradigan obligaciones éticas, morales y administrativas, especialmente en un territorio donde la comunidad escolar sigue de cerca la instalación del nuevo sistema.

La declaración reiteró la disposición de la organización docente a colaborar en lo que se requiera, afirmando que su prioridad es la estabilidad laboral, la probidad institucional y la calidad educativa en la región. Para cerrar el pronunciamiento señalaron que “la Educación de Magallanes merece instituciones ejemplares, no entes administrativos envueltos en dudas” y que esperan que la Contraloría actúe con independencia, rapidez y firmeza para determinar las responsabilidades que correspondan.

Distintas reacciones

Este lunes, el seremi de Educación, Valentín Aguilera Gómez, señaló que “sobre el reportaje mencionado, hemos tomado contacto con el Servicio Local de Educación Pública, quienes nos han manifestado que no han sido notificados por Contraloría con respecto a las denuncias publicadas”. Agregó que la secretaría regional ministerial se mantendrá a la espera de los avances del organismo contralor, explicando que estarán atentos “al desarrollo del proceso investigativo y a las conclusiones que el organismo de control emita con respecto a esta materia”.

En paralelo, el Servicio Local de Educación Pública Magallanes difundió un comunicado institucional en el que informó que la Dirección Ejecutiva subrogante instruyó al área jurídica iniciar un procedimiento administrativo disciplinario. “Ante denuncias formuladas en Contraloría y que a esta fecha no han sido notificadas a este Servicio pero que, de igual forma, son de público conocimiento, la Dirección Ejecutiva (s) del Slep instruyó al área jurídica iniciar un procedimiento administrativo disciplinario con el objetivo de determinar si hay o no antecedentes que respalden las imputaciones. De igual forma, reitera el compromiso de este Servicio con la probidad y la transparencia y asegura que pondrá a disposición de Contraloría todos los antecedentes que eventualmente sean solicitados”.

En tanto que desde la Dirección de Educación Pública (Dep) evitaron referirse a esta materia, indicando que la vocería sería asumida por el Slep Magallanes.

Diputado Bianchi ingresa requerimiento a Contraloría
por presuntas irregularidades en el Slep Magallanes

El diputado Carlos Bianchi Chelech presentó este lunes un requerimiento formal ante la Contraloría General de la República para que se indaguen denuncias de eventuales irregularidades al interior del Servicio Local de Educación Pública de Magallanes, las que apuntan a maniobras destinadas a eludir procesos regulares de contratación y a presuntos conflictos de interés en la gestión de proveedores.

Los antecedentes entregados por funcionarios del Slep, particularmente de las áreas de Remuneraciones y de Administración y Finanzas, refieren a contrataciones directas efectuadas con ejecutivos vinculados a empresas que no fueron adjudicadas en procesos formales. Según estas denuncias, existieron intentos por eludir procedimientos de licitación pública mediante la incorporación individual de profesionales cuyas propuestas habían sido previamente rechazadas.

“En el requerimiento se pide investigar la licitación ID 1233613-64-LE24, “Servicio de Reclutamiento de Personal”, donde participaron 11 empresas, y en la que Taylor Servicios no fue adjudicada. Sin embargo, antecedentes señalan que posteriormente se habría realizado una contratación directa, pese a haber sido previamente descartada del proceso formal”, señala el parlamentario en el comunicado, manifestando que se pide “fiscalice la legalidad de las contrataciones directas realizadas por el Slep Magallanes; se detenga el proceso de reclutamiento actualmente en curso con Taylor Servicios, mientras se investiga; se determine si existieron conflictos de interés o tráfico de influencias y se revise si se infringió la Ley de Compras Públicas y la probidad administrativa”.

En su presentación, Bianchi pidió a Contraloría “fiscalizar las contrataciones directas efectuadas por el Servicio Local, detener el proceso de reclutamiento en curso asociado a Taylor Servicios mientras se desarrollan las indagaciones, determinar si existieron conflictos de interés o tráfico de influencias y revisar si se infringieron las normas de compras públicas y de probidad administrativa”.

El parlamentario concluyó que “la educación pública de Magallanes no puede quedar en manos de decisiones poco claras o fuera de la ley. Aquí hay denuncias serias hechas por funcionarios y nuestro deber es garantizar transparencia total”, añadiendo que “cuando existen señales de posibles irregularidades, la única respuesta es actuar con firmeza y prontitud para resguardar la probidad”.