Cierre temporal del Sapu 18 de Septiembre genera críticas por financiamiento y falta de información

• La medida responde a la no recepción de fondos ministeriales y a una reorganización de recursos, mientras concejales y organizaciones sociales cuestionan la forma en que fue comunicada y su impacto en la comunidad.

El cierre estival del Servicio de Atención Primaria de Urgencia (Sapu) del Cesfam 18 de Septiembre, en Punta Arenas, generó preocupación entre autoridades comunales, dirigentes sociales y vecinos del sector. La decisión, adoptada por la Corporación Municipal de Punta Arenas (Cormupa), responde a la falta de recepción de recursos del Ministerio de Salud y a un proceso de reorganización de la red de urgencia comunal, aunque ha sido cuestionada por su forma de implementación y comunicación.

Desde la Corporación Municipal explicaron que la medida tiene carácter transitorio y está directamente relacionada con el retraso en la llegada de los aportes ministeriales. El jefe del Area de Salud de la Cormupa, Víctor Fuentes, señaló que “respecto a este cierre, que es temporal, es importante manifestar a la comunidad y precisar ciertas situaciones que nos hacen llegar a esta decisión”, indicando que “los montos de dineros que llegan todos los años aún no han recepcionados y habitualmente se reciben entre fines de febrero y marzo”.

En ese contexto, Fuentes afirmó que “al no llegar esos montos de dinero desde el Ministerio, hoy día la Corporación Municipal está haciendo un esfuerzo importante para mantener estos dispositivos funcionando”, detallando que el costo mensual de la red de urgencia bordea “entre los 60 a 70 millones de pesos mensuales para reorganizar esta estructura”. Por ello, se optó por priorizar el refuerzo del Sar Juan Damianovic, junto con mantener el funcionamiento los Sapu Carlos Ibáñez y Mateo Bencur.

El jefe del Area de Salud explicó que el Sapu 18 de Septiembre presenta la menor demanda en el periodo estival. “La cantidad de consultas que presenta en esta época estadísticamente es la menor. Estamos hablando de un promedio de 20 a 21 usuarios que consultan”, sostuvo, agregando que “al ser el de menor consulta, es el más indicado hoy día para reorganizar”.

Respecto del personal, Fuentes aseguró que “los funcionarios que allí laboran fueron redistribuidos en los demás centros de salud”, lo que permitió reforzar la atención y reducir los tiempos de espera. “Hace seis meses atrás estábamos alrededor de 3 a 4 horas y hoy día estamos bordeando la hora, lo que también es un beneficio que la comunidad va a recibir”, señaló. Además, enfatizó que “no se ha suspendido la atención” y que los vecinos pueden acudir al Sar Juan Damianovic o al Sapu Carlos Ibáñez. “Esto es algo momentáneo; llegando los recursos, se va a reactivar de forma inmediata”, recalcó.

Desde el Concejo Municipal, el concejal Germán Flores explicó que la medida “consiste en la reagrupación y optimización de los servicios”, precisando que los dispositivos de urgencia como el Sar Juan Damianovic, el Sapu Carlos Ibáñez y el Sapu Mateo Bencur se mantienen operativos y reforzados.

Las críticas se profundizaron tras la carta enviada por el concejal Jonathan Cárcamo al alcalde Claudio Radonich, en la que advirtió que el cierre fue informado a los funcionarios “de manera sobre la marcha”, pese a que previamente se les había indicado que continuarán trabajando durante enero y febrero. Según señaló, esto genera “incertidumbre laboral y un evidente perjuicio en la prestación de sus servicios profesionales”, sumado a que “no existe, hasta ahora, una comunicación pública clara hacia la comunidad”.

Unión Comunal de
Consejos de Desarrollo

Desde la Unión Comunal de Consejos de Desarrollo, su presidenta Tatiana Leuquén afirmó que “nos enteramos informalmente de esta decisión”, pese a que en reuniones previas se había señalado la continuidad de los dispositivos de urgencia. A su juicio, “una decisión de esta naturaleza debe ser socializada con todo el sistema de salud y obviamente la comunidad por el impacto que implica”. Además, cuestionó el enfoque utilizado para justificar el cierre, señalando que existe “una mirada mercantilista”, agregando que “no puede ser que los usuarios seamos tratados como clientes y que se pague por asistencia, siendo que los recursos para la mantención general son por inscripción per cápita, por lo que se debería considerar el mismo criterio para los dispositivos de urgencia”.

En ese contexto, desde la Comisión de Salud del Concejo Municipal se informó que se citó a una reunión para el lunes, a la cual se espera la asistencia de representantes de la Corporación Municipal (Cormupa), el Servicio de Salud, la seremi de Salud, gremios del sector y el Consejo de Desarrollo, con el objetivo de analizar la medida, evaluar su impacto y revisar alternativas que permitan resguardar la continuidad de la atención de urgencia.

Finalmente, el Comité Pro Adelanto del Barrio 18 de Septiembre sostuvo que el cierre “no es un hecho menor ni circunstancial”, ya que “impacta directamente en la salud de la comunidad y en la estabilidad laboral de quienes cumplen una función esencial”, afectando a cerca de 15 mil vecinos del sector.