Fuerza Aérea alerta sobre complicaciones para movilizar a más de 100 funcionarios a juicio oral por la tragedia del Hércules

Este lunes el Tribunal Oral en lo Penal de Punta Arenas llevará a cabo una audiencia de factibilidad y coordinación para lo que será uno de los juicios más dilatados y esperados de la región, correspondiente al caso Hércules, fijado para el 2 de marzo. Estos días previos, la auditora general de la Fuerza Aérea de Chile (Fach), Paula Carrasco Bórquez, alertó de una compleja situación respecto a los impedimentos para trasladar a un alto número de efectivos institucionales para el desarrollo del proceso judicial.

A través de un oficio reservado enviado el 22 de enero al Tribunal Oral en lo Penal de Punta Arenas, la Fuerza Aérea manifestó su preocupación por las complicaciones técnicas y presupuestarias que implica el desplazamiento de su personal.

Dentro de los principales obstáculos que hacen referencia es el impacto en el servicio activo, ya que la lista de personal requerido incluye a más de 100 funcionarios que se encuentran actualmente en servicio activo desde distintas unidades del país hacia Punta Arenas, lo que supone un esfuerzo de coordinación masivo.

Incluso hacen ver el escenario presupuestario de la institución, indicando que para el año 2026 la Fuerza Aérea “sufrió una reducción estimada de 0,5% del presupuesto”, lo que involucró una rebaja en subtítulos específicos como lo es el “gasto en personal”. Lo anterior implica “una severa disminución de recursos en materia de personal, incluidos conceptos como viáticos, gastos en pasajes y otros”.

De esta forma, se solicitó formalmente autorizar la comparecencia remota de quienes deban declarar, siempre que dicha modalidad resulte eficaz.

Este proceso busca determinar las responsabilidades en la desaparición del avión Hércules C-130, ocurrida el 9 de diciembre de 2019, donde fallecieron los 38 ocupantes que se dirigían a la Antártica.

El Ministerio Público tiene previsto presentar más de 300 testigos, además de peritos y abundante prueba documental acumulada en más de cinco años de investigación.