Conflictos laborales y judiciales costaron más de $240 millones a la Universidad de Magallanes

Más de $240 millones destinó la Universidad de Magallanes al pago de indemnizaciones durante los últimos cinco años, de acuerdo con un informe emitido por la Dirección Jurídica de la institución, con datos actualizados a noviembre del año pasado.

El oficio, elaborado en respuesta a una solicitud de acceso a la información ingresada a través del Portal de Transparencia y fechado el 2 de diciembre de 2025, incluye el detalle de los pagos realizados por concepto de procesos laborales y civiles entre 2021 y 2025. Según el desglose, en 2021 la universidad desembolsó $136 millones  en materias laborales; en 2022, $12 millones; en 2023, $27 millones; en 2024, $60 millones 704 mil en procesos civiles; y en 2025, $5 millones 600 mil por indemnizaciones laborales.

Los pagos por indemnizaciones representan una carga significativa para el presupuesto de la Universidad de Magallanes, especialmente en un período marcado por la reducción de ingresos y el déficit acumulado que la institución busca revertir. Estos gastos impactan directamente en la disponibilidad de recursos para financiar programas académicos, mantener infraestructura o impulsar líneas de investigación, al provenir del mismo presupuesto operativo que sostiene las funciones regulares de la universidad. En la práctica, cada indemnización se traduce en un menor margen financiero para ejecutar iniciativas de desarrollo institucional, lo que obliga a reordenar prioridades y ajustar los planes de gasto.

El monto total destinado a indemnizaciones también evidencia el costo que asumen las instituciones públicas cuando enfrentan conflictos laborales o procesos judiciales asociados a su gestión interna. En este contexto, los recursos invertidos para cumplir con estas obligaciones legales reflejan la necesidad de fortalecer los mecanismos de prevención y planificación administrativa.

El informe fue entregado en medio de un escenario institucional marcado por las dificultades financieras que atraviesa la casa de estudios. En una publicación del 5 de diciembre, La Prensa Austral informó que la Superintendencia de Educación Superior dio luz verde al Plan de Sostenibilidad y Modernización Financiera 2025–2026, presentado por la Universidad de Magallanes tras constatar pérdidas operacionales y netas en todos los ejercicios entre 2020 y 2024.

El diagnóstico de la Superintendencia evidenció un incremento sostenido del gasto, lo que llevó a la autoridad a exigir la adopción de medidas de ajuste y control financiero. De acuerdo con el organismo fiscalizador, la universidad acumulaba, al cierre de 2024, una deuda cercana a los $10 mil millones, cifra que refleja la magnitud del desequilibrio estructural.

El plan de sostenibilidad contempla una serie de medidas orientadas a revertir esta situación, entre ellas la reducción de honorarios, la revisión de las contratas y una reorganización interna que ha implicado la no renovación de vínculos laborales en distintas áreas. Estas decisiones, junto con la modernización de los procedimientos administrativos y la priorización del gasto operacional, forman parte del conjunto de acciones que la Superintendencia comprometió a supervisar de manera periódica.