Gobierno regional de Magallanes, municipalidades y fundaciones en la mira del Ministerio Público

•  En entrevista exclusiva con El Magallanes, Eugenio Campos, director de la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía Nacional, se refirió a las investigaciones en curso en la región.

Lucas Ulloa Intveen

Lucaa.ulloa  laprensaaustral.cl

Desde la Fiscalía Nacional, Eugenio Campos sostiene que el fenómeno de la corrupción preocupa cada vez más. En su cargo como director de la Unidad Anticorrupción, Lavado de Activos y Probidad Interna, dirige las investigaciones a nivel nacional que apuntan hacia dichos tópicos. Hoy en día el principal foco es hacia “donde la corrupción más golpea, lamentablemente, a cada uno de los ciudadanos de Chile, que son las municipalidades y los gobiernos regionales”.

Hay un aumento de casos en todo el país, literalmente de Arica a Magallanes, y los delitos son variopintos: malversación de caudales públicos, fraude al fisco, administraciones desleales, investigaciones por apropiaciones indebidas de determinados fondos públicos, cohecho. Todos estos delitos inciden directamente  “en una opacidad en la administración de los fondos municipales, es decir, una oscuridad, una falta de transparencia en el manejo de los mismos y, lamentablemente, aquellos fondos que van a parar precisamente en bolsillos de particulares y no en los bolsillos que deberán ser o invertidos en la propia comunidad o en la propia comuna”, sostiene Campos.

Frente a esta situación, lo que se busca es establecer una persecución penal real y efectiva, exitosa desde el punto de vista de la investigación de delitos de corrupción y, en segundo lugar, buscar que aquellos dineros mal habidos u obtenidos puedan ser recuperados para sus áreas oficiales o para el fisco. “El objetivo es no tan sólo impactar en la persecución penal eficaz, efectiva y rápida, sino que también impactar en la recuperación de los fondos de estos precisamente imputados que han obtenido estos dineros de forma ilícita”.

Catastro de corrupción

A pedido del fiscal nacional, Ángel Valencia, se requirió hacer un catastro en las municipalidades del país en donde las noticias no son muy auspiciosas. “Para el Ministerio Público, consideramos alrededor de 642 investigaciones de hechos que revisten carácter de delito. No puedo soslayar que muchos de ellos sí lo son y, por tanto, son causas que se encuentran formalizadas, otras que están precisamente en etapas de audiencias de preparación de juicios orales, pero son 642 investigaciones de corrupción de gran preocupación del Ministerio Público”.

Magallanes no es ninguna excepción. “Hay investigaciones de temas de corrupción que impactan en la Municipalidad de Puerto Natales, también tenemos investigaciones de carácter penal en la Municipalidad de Punta Arenas y algunas otras investigaciones que se pueden llevar respecto a la Municipalidad de Porvenir, entre otras (…) Muchas veces están apoyadas con querellas deducidas por el Consejo de Defensa del Estado, en las cuales tiene la representación del Estado y también el objetivo fundamental de recuperar esos fondos mal habidos para que vuelvan al erario fiscal”.

Caso Convenios

Los gobiernos regionales son una institución novata en el Estado de Chile, con una elección regulada. “Aunque, respecto de los cuales, yo creo que se debe seguir avanzando en mejorar aún más los mecanismos de administración de los gobiernos regionales”, sostiene Campos.

Luego de la primera causa del 2023 de Democracia Viva, con montos transferidos del Minvu de Antofagasta, al poco andar se da “vuelta la torta”, ya que meses después “teníamos muchas transferencias de gobiernos regionales a corporaciones y fundaciones, muchas de ellas novatas, con poca experiencia en el giro de lo convenido, con domicilios que muchas veces se desconocían”. En estas indagatorias existen más de 70 investigaciones a nivel nacional, con un nivel de transferencias alrededor de 50.000 millones de pesos.

En el caso de Magallanes, Campos indica que “hay algunos convenios que se han celebrado en nuestra región que están siendo investigados por parte del Ministerio Público y, por tanto, no me puedo referir más allá, porque están con diligencias en curso que consideramos de suma relevancia el esclarecimientos de los hechos que está investigando el Ministerio Público”.

Por tanto, Campos es claro: “Sí, tenemos algunos hechos que estamos investigando, con apoyo, por cierto, de la Contraloría General de la República, la Fiscalía Regional y con la Policía de Investigaciones, realizando diversas diligencias investigativas y que, por lo mismo, no puedo referirme a aquellas porque se trata de una investigación en pleno curso”.

Cohecho en la región

En Magallanes, se vio en los últimos meses distintos casos de cohecho en donde se han visto implicados actores del Ministerio Público. Tal fue el caso del ex defensor público de Puerto Natales, en cuya audiencia de formalización se tuvo que cambiar a la jueza puesto que su nombre estaba consignado en la carpeta investigativa del fiscal Sebastián González. Otro caso es el del ex fiscal de Puerto Natales, cuya audiencia fue nuevamente pospuesta hasta el 19 de abril y que es llevada por el fiscal regional de Aysén, Carlos Palma.

“No hay que ser novato o inocente respecto del punto de vista de que esto puede ocurrir a todo nivel. A nivel de nuestra, de persecución, defensa, o en el sistema en general. Yo creo que pensar que eso no va a ocurrir, modestamente o en mi opinión personal, es como ser demasiado inocente respecto al punto. Al contrario, nosotros tenemos como institución de ponernos a la vanguardia de prevenir todas estas circunstancias”, expone Campos.

“Lo que en derecho corresponde es lo que el Ministerio Público ha hecho, ha hecho una investigación administrativa acabada, ha realizado también un punto de vista de una investigación de carácter penal, dándole la relevancia e importancia sobre esto. No hay que olvidar que en el caso de investigaciones de carácter penal respecto de fiscales del Ministerio Público, está de acuerdo a la Ley Orgánica Constitucional nuestra, la 19.640, corresponde precisamente a un fiscal regional, o sea, de la importancia, relevancia del caso de dirigir esa investigación, lo que ocurrió en este caso con el fiscal regional de Aysén (…) El Ministerio Público investiga todo y cada uno de los antecedentes, los cuales exista mérito para ello”, indicó.

De todas maneras, Campos reconoce que es una investigación incipiente aún. “Siempre digo que la formalización es como el principio del fin, es comunicarle a una persona que se está investigando estos hechos, y es constituida en estos hechos un delito determinado (…) Pero también es un hecho que ahí el Tribunal le fija un plazo judicial al Ministerio Público para que desarrolle diversas diligencias de investigación y, entre las cuales tal como usted menciona, pueden salir otros hechos, que también tienen que ser investigados. Y ahí tendrá que determinar el Ministerio Público si va a mantener esos hechos en la misma investigación, o puede separarlos para tener un mayor éxito en esta persecución penal, y qué es lo que eventualmente pudiese ocurrir. Vamos a estar muy atentos en prestarle la colaboración al fiscal González, donde un hecho de suma relevancia, de suma importancia en nuestra región”.

Mapa de riesgos

En términos de probidad interna, anticipación es un concepto clave. “Hemos generado una iniciativa muy importante que se nos ha encomendado que es poder crear un compliance al interior del Ministerio Público, que nótese es muy relevante, porque de serlo, seríamos el primer Ministerio Público, a lo menos latinoamericano, en contar con un compliance”.

Para tal fin se creó una nueva figura al interior del Ministerio Público que es la del oficial de cumplimiento, quien debe velar por “ver normas, que nos permita levantar mapas de riesgos, de Arica a Magallanes, y que esos mapas de riesgos permitan a su vez establecer planes para evitar al mínimo esos riesgos, y tener conductas de prevención. Como asimismo potenciar sistemas de integridad y códigos de ética que permitan mejores canales para poder efectuar denuncias respecto de la conducta ministerial, y en general de cualquier funcionario del Ministerio Público”.

 “Nosotros tenemos conductas que en este caso son riesgosas. Vemos temas de persecución penal, vemos temas, por ejemplo, de tráfico de drogas, crimen organizado, corrupción donde en definitiva hay investigaciones de miles de millones de pesos respecto de los cuales también seríamos muy inocentes pensando que no tenemos que cuidar esto, sino que, al contrario, tenemos que ocuparnos y preocuparnos mucho de qué es lo que estamos haciendo y de evitar al mínimo cada uno de esos riesgos”.

Amenaza del crimen organizado

“No hay que soslayar que el crimen organizado se ha instalado en el país, eso es un hecho lo ha señalado con todas sus letras el fiscal nacional y con letras grandes. Han reorganizado cada una de las estructuras de las unidades de hecho ahí tienen una unidad que se llama unidad de drogas, unidad de crimen organizado, tráfico de drogas, trata y control de armas dando una respuesta importante al fenómeno en cuestión”, sinceró Campos.

En tal sentido, sostiene que “no pensar que el crimen organizado va a querer permiar instituciones como las policías, por ejemplo, como el sistema en general, entre otros el Ministerio Público que ejerce persecución penal, por cierto que para el crimen organizado es relevante, es interesante y ahí es donde tenemos que tener el mayor y especial cuidado precisamente de que esto no permee”.

“Ante tal amenaza, el desafío apunta a “elevar los estándares de precaución nuestros y de cuidados nuestros en el tema de la persecución penal, de estar revisando constantemente cada uno de los mecanismos que nos permita advertir conductas que van reñidas no tan solo con el tema de la realidad sino que particularmente con la ley y poner los asuntos en forma prematura y no estar lamentándonos después de episodios que pueden ser muy perjudiciales”.