Municipios podrán multar a empresas que no retiren cables en desuso con sanciones de hasta $70 millones

No existe una cifra exacta de cuántos kilómetros de cables en desuso -conocidos popularmente como “basura aérea”- hay en Magallanes. Sin embargo, en esta región, estos cables se convierten en verdaderos látigos debido al fuerte viento característico de la zona austral. La eliminación de estos elementos podría comenzar a concretarse tras la reciente publicación del reglamento que viabiliza la Ley “Chao Cables”, aprobada en agosto de 2019.

Según la legislación, las empresas deberán ordenar, identificar y retirar, a su costo, los cables y elementos que se encuentren en desuso. Tendrán un plazo máximo de cinco meses para retirarlos desde el momento en que se realice su calificación como tales. Además, deberán responder a las solicitudes de los municipios en un plazo de 10 días hábiles.

Si las empresas no cumplen con el retiro en un plazo de 30 días corridos (prorrogables por 15 días adicionales), la municipalidad podrá ejecutar el retiro, cobrar a la empresa responsable y aplicar las sanciones correspondientes. Según la Subsecretaría de Telecomunicaciones, las empresas tienen plazo hasta enero del próximo año para presentar sus programas de trabajo.

El reglamento establece que las municipalidades son responsables de velar por el cumplimiento de la ley. Las multas por incumplimiento van desde 100 hasta 1.000 UTM, lo que equivale aproximadamente entre 7 y 70 millones de pesos.

“Nuestra ciudad sufre, justamente, del exceso de cables que hay”, señaló el alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, quien advirtió que la implementación de la ley no será fácil, ya que, más allá de las buenas intenciones de las empresas de telecomunicaciones y eléctricas, aún no se han concretado acciones claras.

En las próximas semanas, el municipio sostendrá reuniones con las empresas involucradas para definir una carta Gantt que permita planificar el proceso de retiro.

Boleta de garantía

“El que puso el cable no fue la municipalidad, y no puede ser que paguemos primero para recién cobrar después”, agregó Radonich, haciendo referencia a que el reglamento permite a las municipalidades ejecutar los retiros y luego cobrar a las empresas. Según la autoridad local, el municipio debería contar con una boleta de garantía para asegurar que los dueños del cableado en desuso paguen los costos correspondientes.

Durante esta semana, los concejales Jonathan Cárcamo, José Becerra y Germán Flores conformarán una comisión tripartita del Concejo Municipal para analizar el tema. “Vamos a exigir que se cumpla la ley, que se cumpla el reglamento. De lo contrario, hay que empezar a pasar los partes correspondientes”, expresó Flores.

“Hasta aquí ha sido un permanente peloteo, porque muchas de las leyes que se implementan en nuestro país no van acompañadas de los recursos necesarios”, señaló el concejal Dalivor Eterovic. También reconoció la complejidad de fiscalizar e identificar a quien pertenece cada uno de los kilómetros de cables en desuso que existen en la ciudad.

En Puerto Natales ya se realizó una primera mesa de trabajo, en la que participaron equipos de la Empresa Eléctrica de Magallanes, Movistar y profesionales del municipio natalino.

Según lo expuesto en la sesión del concejo municipal de la capital provincial de Última Esperanza, Movistar ya tendría un programa de retiro de “basura aérea”, el cual comenzaría a fines de octubre. El concejal Ricardo Urtubia propuso definir al casco histórico de Natales como un sector prioritario para el retiro de cables, mandatando a la Dirección de Obras Municipales o a la Secretaría de Planificación como unidad técnica encargada de coordinar las solicitudes. También planteó incorporar elementos de la Ley “Chao Cables” en la ordenanza municipal y establecer un canal de denuncias.