Trabajadores del Ministerio de Desarrollo Social piden al Congreso frenar traspaso de programas

Funcionarios del Ministerio de Desarrollo Social y Familia desplegaron un banderazo y una marcha que culminó en la Delegación Presidencial Regional, donde entregaron una minuta con los principales argumentos técnicos y administrativos que sustentan su rechazo al traspaso de tres programas sociales a otros servicios del Estado. La movilización fue encabezada por la presidenta de Anef Magallanes y de la Asociación de Funcionarios del Ministerio de Desarrollo Social y Familia (Asofumi), Evelyn Córdova.

La dirigenta señaló que el documento busca exponer al delegado José Ruiz las razones que motivan la movilización de los trabajadores frente a esta “contingencia ministerial”, y enfatizó la necesidad de que la autoridad regional intervenga para que el Congreso escuche directamente a las y los funcionarios del Ministerio. “La idea es que él, como delegado presidencial, solicite también al Congreso o a los parlamentarios regionales que nos apoyen, para que nosotros como Asofumi seamos escuchados y nos hagan un espacio en la comisión”, afirmó.

La minuta entregada por los funcionarios detalla que el traspaso de los programas Habitabilidad, Seguridad Alimentaria y Vínculos a Fosis y Senama carece de sustento técnico, jurídico y operativo, advirtiendo que la medida pone en riesgo la continuidad, calidad y coherencia de las políticas públicas orientadas a la superación de la pobreza.

Entre sus principales observaciones, el documento destaca que los programas afectados han sido históricamente bien evaluados por la Dirección de Presupuestos (Dipres), y que la transferencia presupuestaria proyectada para 2026 no ha sido acompañada de un proceso de planificación ni evaluación técnica. Además, se advierte que Fosis y Senama no cuentan con la capacidad operativa ni logística para asumir más de 18 mil gestiones anuales que actualmente son realizadas por las secretarías regionales ministeriales de Desarrollo Social.

En el ámbito jurídico, los funcionarios sostienen que la decisión vulnera el artículo 37 bis de la Ley 19.880, al no haberse efectuado coordinación previa entre los organismos involucrados, y podría afectar convenios intersectoriales con otras instituciones del Estado, como Indap, Bienes Nacionales y los Servicios de salud.