Necrológicas
  • Norma Luisa Muñoz Sánchez
  • Valeria Aguilar Díaz

875 funcionarios requiere la Fiscalía para no colapsar

“La ciudadanía debe estar tranquila, porque pese a estar al límite de nuestras capacidades, estamos actuando con una gran eficiencia”, puntualizó la máxima autoridad del Ministerio Público.

Por La Prensa Austral viernes 30 de septiembre del 2011

Compartir esta noticia
7
Visitas


El Ministerio Público requiere aumentar su dotación en 875 funcionarios, entre ellos 151 fiscales, para evitar un posible colapso en su misión de persecución penal.

El fiscal nacional Sabas Chahuán, manifestó que dicha cantidad de funcionarios se encuentra respaldada por un estudio efectuado por el Banco Interamericano de Desarrollo, que se encuentra en manos del gobierno.

Lo anterior lo expresó tras su paso por Puerto Natales, en el marco del Tercer Consejo General de Fiscales, que se realizó en las instalaciones del Hotel Llanura de Diana (34 kilómetros al sur de Puerto Natales) y donde participaron 18 fiscales regionales de todo el país.

– ¿Qué temas fueron abordados en el Consejo General de Fiscales?
– “Analizamos en detalle una serie de compromisos de gestión institucional que están suscritos. La ley nos obliga a suscribir un convenio una vez al año con el Ministerio de Hacienda, evaluado por una consultora externa, eso nos tomó gran parte del día. Se analizó una unificación de criterio de persecución penal y posteriormente se analizó en detalle el plan de fortalecimiento del Ministerio Público. Se han encargado un par de estudios y entre ellos se entrega la próxima semana un estudio que se realizó por equipos de la Fiscalía, dos expertos de la Reforma Procesal Penal y equipos de la Fundación Paz Ciudadana”.

– ¿Cuándo se presenta el estudio de fortalecimiento institucional al Ejecutivo?
– “El Ejecutivo recibió directamente un estudio encargado por ellos al Banco Interamericano de Desarrollo. Ese estudio validó el Plan de Fortalecimiento prácticamente en todos sus componentes. Por lo que estimamos que debería enviarse un proyecto de ley para fortalecer la dotación del Ministerio Público en un total de 875 personas, de las cuales 151 son fiscales y el resto funcionarios de los distintos estamentos. Por propia iniciativa de la Fiscalía encargó un estudio a la Fundación Paz Ciudadana. Mañana (hoy) hay una reunión de afinamiento de la redacción y lo vamos a entregar públicamente el próximo miércoles. Se lo vamos a enviar al ministro de Justicia y al Ministerio de Hacienda para que lo tenga en consideración”.

– ¿Qué otros apoyos ha recibido esta demanda del Ministerio Público?
– “Lo importante es que a nivel de parlamentarios hay un apoyo transversal a la imprescindible necesidad de fortalecer el Ministerio Publico. Tanto es así que ayer (el miércoles) la Cámara de Diputados por 55 votos a favor apoyó un proyecto de acuerdo, señalando la imprescindible necesidad de enviar un proyecto de ley que fortalezca el Ministerio Público”.

– En un momento dado se informó que se requería una cifra distinta de personal (1.003 funcionarios y 166 fiscales)
– “Como Fiscalía hemos sido bastantes serios. Nunca hemos hecho una petición que no esté respaldada en estudios técnicos y ese estudio fue validado por una comisión de expertos del Banco Interamericano de Desarrollo (Bid) que no suele ser particularmente magnánimo en cuanto a su opinión. Revisó cinco Fiscalías regionales representativas de una muestra de Chile y señaló la necesidad de 875 funcionaros. Nosotros habíamos pedido una cifra similar en el Plan de Fortalecimiento primitivo. Eso nos permitiría aliviar la situación de fiscales y funcionarios a lo largo de Chile que están en el límite de sus capacidades y nos preocupa que, al no acogerse, la persecución penal pueda verse afectada en cuanto a su eficiencia, porque estamos al límite y con una gran eficiencia. La ciudadanía puede estar tranquila en ese aspecto. La Fiscalía trabaja con una gran eficiencia en todo Chile pero a un gran costo de sobrecarga de los funcionarios y los fiscales. Para mantener esa eficiencia se requieren esas cifras”.

– ¿Cuándo se estaría presentando el proyecto de ley?
– “Depende de cuando envíe el proyecto el Ejecutivo. Esperamos que sea a la brevedad. El ministro de Justicia dijo que a fines de octubre. Hemos cedido a todo lo que se nos ha pedido. Hemos enviado cifras, estudios y estamos llanos que se revisen los procedimientos, pero estimamos que ese estudio del Bid tiene que ser la base, porque hacer otro estudio, aparte que nos parece innecesario, puede tomar más de un año”.

– ¿Qué conocimiento tiene del anuncio de un recurso de protección en su contra por el despido injustificado de una funcionaria?
– “No tengo conocimiento del recurso, pero este se fundamenta en que lamentablemente el fiscal regional (Región Metropolitana) tuvo que hacer uso de una causal de remoción de una funcionaria, que tiene una salud incompatible con el servicio de la Fiscalía. Se estimó que podía ser un uso arbitrario de esa facultad, más allá no tengo noticias de cual es el fundamento del recurso de protección. Seguramente la Corte va a pedirle informe al fiscal regional y eventualmente a mí, pero es un derecho que está ejerciendo la Asociación de Funcionarios y somos respetuosos de los fallos judiciales. Creo que el fiscal regional actuó de acuerdo a sus facultades”.

– En Magallanes se condenó a una persona por homicidio, sin que se encontraran los restos de la víctima. ¿Con este fallo se está sentando jurisprudencia?
– “Es así. Es el primer fallo que se obtiene en Chile de esa manera. Esta es la primera vez que se condena por homicidio sin encontrar el cuerpo. Creemos que el tribunal actuó de acuerdo a derecho. Está pendiente un recurso ante la Corte Suprema. De confirmarse el fallo nos parece interesante en la medida que la Fiscalía trabaja sobre la base del principio de objetividad. El hecho que no esté el cadáver no implica que no haya habido por parte de la Fiscalía convicción de la culpabilidad de la persona condenada y eso es importante porque hay una garantía de que la Fiscalía es objetiva en su actuar. Sería útil que se confirmara para algunos casos particularmente difíciles de acreditar, cuando los delincuentes han hecho desaparecer el cuerpo o han tomado medidas de resguardo que implica que no se encuentre. Hasta ahora en este tipo de casos se había condenado por delitos menores, no se había podido condenar por homicidio, así que nos parece un fallo muy interesante”.