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A través de videoconferencia formalizan a nuevo imputado en caso “Marca Gore”

El ingeniero en administración Pablo Osvaldo Sáez Martínez, hermano de Luis Sáez Martínez, ex jefe de la División de Análisis y Control (Dac) de la intendencia de Magallanes, fue formalizado ayer por los delitos de fraude al fisco y negociación incompatible, luego de que la Fiscalía reuniera antecedentes en su contra por supuestas irregularidades en contratos con el gobierno regional, antecedentes que afloraron en medio de las diligencias decretadas para esclarecer el bullado caso Rayen.
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Por La Prensa Austral martes 24 de junio del 2014

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El ingeniero en administración Pablo Osvaldo Sáez Martínez, hermano de Luis Sáez Martínez, ex jefe de la División de Análisis y Control (Dac) de la intendencia de Magallanes, fue formalizado ayer por los delitos de fraude al fisco y negociación incompatible, luego de que la Fiscalía reuniera antecedentes en su contra por supuestas irregularidades en contratos con el gobierno regional, antecedentes que afloraron en medio de las diligencias decretadas para esclarecer el bullado caso Rayen.
En dependencias de la Defensoría Penal Pública, en calle Carrera, se realizó, bajo la modalidad de una videoconferencia, la audiencia de formalización de cargos en contra del segundo imputado por el caso “Marca Gore” que investiga la Fiscalía Regional, causa en la cual se pesquisa un supuesto fraude fiscal respecto del proyecto “diseño de la estrategia y posicionamiento de la marca Gore”, para el cual se asignaron 50 millones de pesos del gobierno regional, por un proyecto que no se ejecutó, alcanzándose a pagar 20 millones de pesos al imputado y sus socios.
A juicio del fiscal regional, Juan Agustín Meléndez, quien dirige la investigación, el imputado realizó diversas maniobras para adjudicarse dicho proyecto por medio de licitación pública, en concomitancia con su hermano, incurriendo en prácticas fraudulentas y que se enmarcan en una negociación incompatible, debido al cargo que ocupaba en la época Luis Sáez.
Pablo Sáez, quien reside en la actualidad en Santiago, quedó con prohibición de abandonar el país y con la obligación de firmar mensualmente en la Fiscalía de Ñuñoa – Providencia mientras transcurra el plazo de seis meses que se fijó durante la formalización de cargos realizada el pasado 15 de mayo.